Alcaraz sufre en su estreno
16 de abril de 2025
César Pérez Vivas
Nicolás Maduro, una vez más, se carga, con su arbitrariedad característica, la Constitución de la República. Ha dictado un decreto inconstitucional declarando un estado de excepción en materia económica y financiera. Ciertamente, nuestra nación lleva más de una década en una severa emergencia económica que ha generado una tragedia social y humanitaria. Esta catástrofe económica, como lo he señalado una y otra vez, es el resultado de la implementación del Socialismo del Siglo XXI y tiene dos grandes responsables: Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
No llegamos a la tragedia económica y social que padecemos en estos meses del presente año, ya tenemos largos años de sufrimiento. En el presente se ha agravado. y se va deteriorar más, por el fraude a la soberanía popular efectuado el 28 de julio de 2024 y la usurpación del poder del Estado concretada desde el 10 de enero del presente año.
El modelo socialista del siglo XXI, que no difiere significativamente del aplicado en el siglo XX, basa su accionar económico en la estatización de la economía. En lo político, su objetivo es el control total del Estado para lograr, acto seguido, el control de la economía mediante la transferencia al Estado de la propiedad y administración de los medios de producción.
Ese objetivo lo impulsó con determinación el extinto comandante Hugo Chávez. Con la Asamblea Constituyente de 1999 logró el control de todas las ramas y niveles de los poderes públicos. Luego se planteó lograr el control de la economía y se dedicó con gran entusiasmo a expropiar fábricas, comercios, edificios, haciendas, empresas y todo aquello que le parecía importante para su obsesiva política de control absoluto del poder.
Para lograrlo, violentó todo el orden constitucional, porque si bien la Carta Magna de 1999 declaró en su carta de derechos la vigencia de todos los universalmente reconocidos; su estructura de poder híper presidencialista le entregó las herramientas con las cuales desconocer esos derechos fundamentales de la persona humana y de la sociedad.
Con Chávez comienza, entonces, el saqueo a las finanzas públicas y la destrucción de la economía pública y privada. Se daban la mano las acciones para destruir a PDVSA, pilar fundamental de nuestra economía petrolera, y la furia expropiatoria a las empresas y propiedades privadas. El boom petrolero de los primeros años de este siglo evidenció la naturaleza desordenada, despilfarradora y corrupta del gobierno socialista encabezado por Chávez.
Violentó instituciones fundamentales establecidas en la Constitución, como la autonomía del Banco Central de Venezuela, y desconoció una novísima entidad, como lo es el Fondo de Estabilización Macroeconómica, prevista en el artículo 321 de nuestra Carta Fundamental. En efecto, dicha norma lo consagró en los siguientes términos:
“Artículo 321: Se establecerá por ley un fondo de estabilización macroeconómica destinado a garantizar la estabilidad de los gastos del Estado en los niveles municipal, regional y nacional, ante las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Las reglas de funcionamiento del fondo tendrán como principios básicos la eficiencia, la equidad y la no discriminación entre las entidades públicas que aporten recursos al mismo.”
El fondo se creó no para “garantizar la estabilidad de los gastos”, sino más bien para propiciar y estimular el gasto. Lo que se previó como “una cuenta de ahorros” de la República se convirtió en un barril sin fondo que utilizó Hugo Chávez para repartir dinero sin control de nadie, dentro y fuera del país.
Los tiempos del boom petrolero se presentaron entre 1999 y 2014, cuando Venezuela recibió US$960.589 millones, un promedio de US$56.500 millones anuales durante 17 años. Esa inmensa masa de dinero no se ahorró, se malgastó, se despilfarró y se robó.
Si Hugo Chávez hubiese sido un hombre de Estado y un eficiente administrador, hoy tendríamos un fondo financiero lo suficientemente sólido para resistir los embates de una economía mundial impactada por múltiples variables. Muerto Chávez, llega Maduro, y su supina ignorancia en materia económica lo lleva a afirmar en un Consejo de ministros en octubre de 2014 lo siguiente: “Un gobierno revolucionario, con poder económico como el que yo presido, tiene planes para pasar cualquier situación, así tiren los precios del petróleo a donde los tiren.”
Quince meses más tarde, el 14 de enero de 2016, dictó el Decreto No 2.184 mediante el cual decretó la emergencia económica, una forma de estado de excepción prevista en la Constitución para hacer frente a una crisis. Ese decreto lo prorrogó por cinco años, hasta el 23 de abril de 2021. Cinco años en estado de emergencia económica, durante los cuales no resolvieron ninguno de los problemas estructurales de nuestra economía; más bien, los existentes se ampliaron y profundizaron.
En el campo económico cabe resaltar cómo terminaron de hundir la industria petrolera nacional, ya que Nicolás Maduro, en lugar de colocar al frente a ciudadanos honorables, competentes y expertos en la materia, entregó la principal industria a una sarta de pillos que él mismo tuvo que encarcelar por el desastre causado. La demolición y robo de la industria petrolera y de su riqueza la lograron los ministros maduristas Rafael Ramírez, Asdrúbal Chávez, Eulogio Del Pino, Nelson Martínez, Manuel Quevedo, Tareck El Aissami y Pedro Tellechea. Todos son responsables del caos de nuestra economía y de la demolición de la industria.
Esa es la razón de nuestra tragedia económica. De modo que el responsable político y administrativo de esa desgracia no es otro que Nicolás Maduro, quien prefirió colocar al frente de nuestra principal industria a sus amigotes y no a venezolanos honestos y preparados para tales fines.
Ahora, vuelve con su discurso rayado de acusar a otros de su propia responsabilidad y dicta un nuevo decreto que solo busca terminar de “raspar la olla”, es decir echar mano a los recursos materiales, financieros, mineros y de otra naturaleza que pueda tener el país, y poder continuar usurpando el poder.
El nuevo decreto de emergencia económica eleva a niveles mayores las violaciones constitucionales. Llega al extremo de abrogarse para así la facultad legislativa al desconocer la reserva legal, que como su nombre lo indica constituye la base de existencia del poder legislativo.
El nuevo decreto de emergencia económica no resolverá absolutamente nada. Será un nuevo instrumento para la propaganda, la extorsión a los sectores productivos de la economía privada, y una nueva excusa para continuar el saqueo a los bienes y activos del país.
Resolver la emergencia económica de nuestra Venezuela requiere, como paso fundamental, la salida de Maduro y su camarilla del poder. Solo así podrá regresar la confianza y el estado de derecho, que permitan ordenar las finanzas públicas y establecer una vigorosa economía de mercado para alcanzar el progreso y bienestar del país.
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