Manuel Rugeles A.
Si el gobierno quiere golpear la corrupción, debe tomar en cuenta un concepto que tendrían que asumir los investigadores y las secciones de ‘inteligencia’, de la nueva Policía Contra la Corrupción, y que se conoce como “Renta presunta”… Este concepto y modalidad subsecuente, incitaría a investigar a cualquier funcionario público que, prácticamente, de la noche a la mañana, o a la vuelta de unos pocos meses o pocos años, incrustado en la administración pública, pase de ser un pelabola (como se da en muchísimos casos), a ostentar grandes propiedades inmobiliarias, camionetas de lujo, etc., y algunos hasta con aviones privados y dólares para gastar y rrepartir diestra y siniestra… y no pueda JUSTIFICAR su nuevo “tren de vida”, a partir de sus ingresos como funcionario público.
Y como este “trabajo” de sanidad ambiental burocrática, no lo afronta la Contraloría General de la República, deberíamos probar a hacerlo con una decidida sinergia entre el Seniat, la Policía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República…
Y debería emprenderse, bien sea de oficio, bien sea por un sorteo y al que se gane el número, hurgarle hasta las entrañas…
…o bien sea por denuncias interpuestas por la ciudadanía en cuanto a la súbita riqueza de cualquier ciudadano, que se conozca como funcionario público, y que a la vista de todos, exhiba autos costosos de modelos recientes, o propiedades costosas injustificables… o sólo justificables como producto de la extorsión al pueblo, o de negocios malhabidos (contratos con sobreprecios, coimas, cohecho), o de la apropiación indebida de dineros que no son suyos…
Digo esto porque estuve oyendo el sábado pasado a Diosdado… y sí, muy “bueno” su discurso, pero ya escuchado tantas veces antes, que cada nueva vez que es difundido, la gente se muestra más incrédula.
Y hubo una parte de su discurso, en la que hizo énfasis en que las denuncias que eleven los trabajadores (sobre todo los de Psvsa, dijo), sobre manejos turbios en esa empresa, de cualquier gerencia, y, por supuesto y por extensión, en cualquier ente del estado, “debería sustentarse con pruebas…”. Pero resulta que, en la mayoría de los casos, los negociados turbios y las corruptelas se hacen tan cuidadosamente elaborados (ya que los corruptos se han venido esmerando en eso), que se hace muy difícil, por no decir que imposible, obtener pruebas…
Entonces debería bastar con aportar evidencias, o estar pilas con el enriquecimiento súbito de cualquier burócrata, para invocar o solicitar una investigación… Que para eso estará la Policía Anticorrupción, con sus investigadores y su “inteligencia”.
Si al individuo acusado no se le consigue nada cuestionable o puede justificar plenamente su nuevo status de vida, pues no pasará nada. Pero si por lo contrario se le consigue que sí ha actuado contra la República y contra el pueblo, pues se le sindica, se le imputa, se enjuicia, se echa del partido (si es que milita en el partido de gobierno), se le inhabilita políticamente de por vida, se encarcela y se le confiscan los bienes obtenidos con lo robado o apropiado indebidamente.
De no hacerse esto, todo ese palabrerío se lo llevará el viento, hasta que aparezca otro desmadre como el actual… y entonces retornarán los discursos… y hasta las concentraciones “anticorrupción”, a las que cada vez asistirá menos gente, porque toda credibilidad ya se habrá perdido.