Mermó el tránsito de vehículos por el tramo binacional
19 de septiembre de 2024
Julieta Cantos
Gobierno, Gobernanza y Sociedad Civil 3
Para Dufour, la intrusión de la gobernanza en los asuntos políticos se efectúa en el transcurso de los años noventa. Es la lógica puesta a punto para administrar las empresas que pasaron por el corte del capitalismo financiero que, en poco tiempo, se convirtió en el modelo de gestión pública. De otra parte, la ciencia administrativa anglosajona no se equivocó al comparar la gobernanza con una pura y simple gestión pública. El término de gobernanza aparece en el discurso de las instituciones gemelas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego lo retoman las otras agencias llamadas de cooperación, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de controlar el uso de las ayudas de desarrollo a modo de obtener altas tasas de crecimiento que favorecen el comercio internacional, bastante notorio en los países del sudeste asiático y ciertos países de América Latina, que vienen de pasar por pérdidas importantes. La similitud de la gobernanza política a la gobernanza corporativa no se basa en una aproximación comparativa, ella debe entenderse literalmente: el Banco Mundial y el PNUD desempeñaron frente a estos países el rol exacto que los accionistas tienen en las asambleas de inversionistas al exigir su 15 % de rentabilidad.
De un lado se requería que el poder local de turno administre los recursos económicos y sociales de su país en favor de los sectores de producción más rentables, a fin de maximizar los intercambios comerciales con los países del centro –de este modo, por ejemplo, la multinacional Monsanto logró imponer al gobierno federal de Brasil, en su favor evidentemente, la introducción masiva de cultivos transgénicos– aunque se había opuesto firmemente a ello. Y, del otro lado, había que suspender los gastos improductivos y reducir el Estado a su mínima expresión. Se pone entonces al personal político existente a contribuir paradójicamente con la reducción de la política, es decir, a destruir toda forma existente o subsistente del Estado garante de la soberanía económica y del Estado de Bienestar, con la venta de las empresas públicas y el “saneamiento” de los gastos del Estado destinados a mantener el bienestar en favor de las poblaciones, en especial, en los sectores sociales clave como la educación y la salud.
La política que practicaron las agencias internacionales de desarrollo en los diferentes países “ayudados” es por tanto muy intrusiva. La teoría, según la cual, el mercado debe expresarse lo más ampliamente posible fue percibida como infalible. Esta visión, demasiado dogmática, condujo a los Fondos a estereotipar sus “fórmulas” y a aplicarlas sin importar cual fuera la situación del país que demandaba su apoyo. El “remedio mágico” comprende tres ingredientes principales: 1) La privatización de los medios de producción (en el sentido extenso, entiéndase todas las empresas). 2) La apertura del país a la competencia internacional y, 3) La liberalización del sector financiero. Este es el “Consenso de Washington».
El término a priori simpático de gobernanza puede en efecto cobijar una política muy intrusiva, siendo que el sentido de los términos se encuentra cambiado completamente en un vocabulario nuevo y paradójico. Por ejemplo, en Francia un “plan social” significa de hecho un programa de despidos masivos. Y un “plan de ajuste estructural” implica la liquidación de una producción entera. El respeto de la primacía del derecho quiere decir la prevalencia del derecho del comercio internacional sobre el derecho nacional. La buena gestión de los asuntos públicos equivale a recortes en los presupuestos sociales. El desarrollo sostenible significa hacer intervenir el mercado local. El respeto del medio ambiente quiere decir establecer normas de polución compatibles con los proyectos industriales, en este caso tomemos como ejemplo las sanciones a los productores de leche y carne, adjudicándoles la responsabilidad del cambio climático para así introducir la carne sintética. La lucha contra la pobreza se traduce en la supresión de sectores considerados no rentables, etc.
Se resalta el enriquecimiento general obtenido del aumento del ingreso promedio per cápita, pero se olvida señalar que esta mayor riqueza está en lo esencial acaparada por los grupos financieros y por los socios capitalistas y; que la suerte miserable de centenares de millones de individuos en el mundo evoluciona infinitamente menos rápido que lo que progresa la de ellos, de suerte que, la brecha entre los extremos no cesa de acentuarse –una sola cifra: las 225 personas más afortunadas del mundo tienen una renta anual equivalente a aquella de la mitad más pobre de los individuos del planeta, lo que da esta extraña ecuación: el patrimonio de cerca de 300 individuos es igual al patrimonio de otros 3 mil millones (ver los diferentes informes del PNUD sobre la pobreza (PNUD y Economía, Nueva York) que contienen muchas cifras que hacen poner los pelos de punta).
Esta teoría liberal de la regulación social se ha desplegado hoy a todas las escalas. Así, se habla de gobernanza local, de gobernanza urbana, de gobernanza territorial, militar y de gobernanza mundial –se habla incluso de “gobernanza global”-. Todas estas gobernanzas ponen por delante a la “sociedad civil”, término que funciona como una verdadera “palabra mágica”. La “sociedad civil” engloba todas las asociaciones privadas que se proclaman de interés público (ONG, asociaciones de caridad religiosas o laicas, además de muchos grupos que navegan a simple vista entre un idealismo del voluntariado, que siempre es bueno asumir, y el afán de lucro) sustituyendo a los poderes públicos y las empresas que constituyen el mercado. Muchos de los servicios sociales serán así “externalizados” (otra palabra mágica) para ser confiados al sector privado y a la denominada sociedad civil.
En síntesis, “la gobernanza se refiere a formas de gestión de los asuntos públicos en las cuales se hace un llamado a la intervención de la «sociedad civil», reduciendo en forma paralela el rol de las instancias políticas. Esto puede producirse en todos los niveles: local, regional, nacional, mundial, militar… Se trata de hacer de tal forma que el gobierno se reduzca a su mínima expresión, limitándose a coordinar u orientar una «sociedad civil» que adquiere un rol preponderante en la elaboración, aplicación y control de las diferentes políticas. Idealmente, la gobernanza debería conducir a una desaparición del Estado como instancia de determinación del interés público y la sustitución de las normas legales por formas flexibles de regulación. Se trata de «gobernar sin gobierno»”, tal como lo expresa John Brown, quien fue economista principal del Grupo de Estrategia Institucional del Banco Mundial. En conclusión, es tenderle una trampa al Gobierno de modo que la sociedad civil pueda gobernarse sola sin pasar por esta vieja instancia desde ahora en desuso: el gobierno que se creía a cargo de la “cosa pública”. Un ejemplo claro de esta gobernanza en lo militar, es la manera abierta como el capital financiero internacional promueve las guerras para incentivar la economía de guerra, a través de la destrucción de países, para luego asignar contratos a sus mismas empresas. Los famosos contratistas.
La gobernanza busca entonces guardar la cosa pública en el cuarto de los vejestorios y reemplazarla por el conjunto de los intereses privados, que supuestamente se pueden autorregular. Es precisamente en esta autorregulación de los intereses privados que consiste la gobernanza política. Lo que está postulado es que la suma de los intereses privados configura el interés general. Ciertamente, se dice que la gobernanza es la capacidad de cada uno de conservar su lugar -es decir, de defender sus intereses-, lo que demostraría la naturaleza profundamente democrática de la gobernanza. Pero se olvida un poco rápido que algunos de estos intereses, mucho más poderosos que los otros, disponen de inmediato de los medios necesarios para conseguir la decisión que les conviene. Basta, por ejemplo, que los socios capitalistas, en una defensa egoísta (como lo recomiendan los teóricos del mercado) de sus intereses, amenacen con retirar sus capitales (de una empresa o de un país) para que obtengan la decisión. ¿Qué tanto pesaría en efecto una huelga de asalariados o una veleidad de la legislación frente a esta amenaza? Nada. Peor aún: estas acciones podrían verse como contraproducentes, es decir, directamente utilizables en contra de los que las esgrimen. Se trata en realidad de una nueva forma de dominación marcada no por un fortalecimiento del Estado, sino por un desvanecimiento de lo político, donde la “sociedad civil” juega en contra del Estado. Por tanto, la cuestión es saber lo que significa exactamente este término “sociedad civil” toda vez que uno se niega a utilizarlo como palabra mágica.
Para saberlo, hay que justamente hacer un pequeño retorno a la ilustración. El concepto de “sociedad civil” encuentra su formulación sistemática en 1821 en Los principios de la filosofía del derecho de Hegel. Designa la esfera de los intereses particulares (propiedad privada y trabajo del lado de la familia, por oposición a la esfera del Estado que representa lo universal). La sociedad civil está fundamentada en la competencia económica, puesto que: “Los individuos son personas privadas que tienen como fin su interés propio”. “En la sociedad civil, cada uno es un fin para sí mismo, todo lo demás no es nada para él. Toda vez que sin relacionarse con el otro no se puede alcanzar el fin; los otros son entonces un medio para los fines particulares”. Para obviar el paso por la sociedad civil, donde ninguno se preocupa más que por sí mismo, es que según Hegel, es necesario un Estado, de modo que lo universal sea tenido en cuenta. Sólo en esta medida pueden conjugarse el interés particular y el interés general. Dicho de otro modo, el Estado es el que permite el cumplimiento individual en el interés universal, sólo él autoriza que se pueda lograr la libertad: “El Estado es, insiste Hegel, la realidad de la libertad concreta”. Se encuentra aquí una idea ya desarrollada por Rousseau – que atraviesa en realidad todo el pensamiento político de la Ilustración. Es para permitir el desarrollo de un individuo libre que se debe inventar un individuo colectivo: “En lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de asociación (es decir, este pacto social que pone a cada uno de nosotros bajo la dirección de la voluntad general) produce un cuerpo moral y colectivo, compuesto por tantos miembros como voces tiene la asamblea, el cual, recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad; esta persona pública, que se forma así por la unión de todos los demás, tomaba anteriormente el nombre de ciudad y toma ahora el de república o de cuerpo político, el cual es llamado por sus miembros Estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo” (El Contrato social, “El pacto social”, capítulo I, 6, 65). Dicho de otro modo, para que nadie sea sometido a otro, se requiere que cada uno pueda invocar a un sujeto colectivo al que le haya hecho juramento de fidelidad y cuya sola voluntad tenga fuerza de ley.
Es precisamente en este principio fundador que reposa la democracia: para que ninguno sea sometido al otro, se necesita y basta con que todos se sometan a las leyes.
La referencia permanente a este pacto fundador simplemente desaparece cuando se anula la referencia al pueblo soberano. En otras palabras, si el Gobierno y, con él, la política fundada sobre este pacto desaparecen en beneficio de la gobernanza de la sociedad civil, entonces también la ciudadanía desaparece, puesto que ésta sólo puede existir en acuerdo con la cosa pública nacida de este pacto. No existe más que una sociedad civil, construida del conjunto conflictivo de los intereses particulares. La humanidad no tendría más intereses comunes que defender; se encontraría reducida a una colección de individuos calculadores movidos por sus propios intereses racionales, en competencia salvaje los unos con los otros –el utilitarismo de Adam Smith lo habría así arrancado sobre el terminante orden moral y político de la Ilustración-. La gobernanza habría así creado un nuevo espacio social, completamente depurado, prosaico, trivial, nihilista, impregnado de un nuevo y potente darwinismo social donde cada uno defiende con dientes y uñas sus propios intereses, y donde el valor (no el valor simbólico, pero sí el valor de mercado) no puede servir entonces sino para crear aún más valor: los “más adaptados” pueden legítimamente sacar provecho de todas las situaciones en tanto que “los menos adaptados” son simplemente abandonados o tratados por la caridad.
Es notorio que la noción directamente aludida es la noción de Estado, tal como funciona después de la Ilustración. No hay más necesidad de Estado porque con la gobernanza ya no hay más cosa pública sino solamente intereses privados. Rousseau, nuevamente, había reparado en los peligros de esta posición: “No hay nada más peligroso, escribía él en El Contrato Social (Libro III, capítulo IV), que la influencia de los intereses privados en los asuntos públicos”. Peligroso porque son entonces las formas constitucionales de la democracia representativa, y en nuestro caso, participativa, las que se ven amenazadas por una verdadera privatización de la decisión pública.
En realidad, la gobernanza está tendiéndole una temible trampa a la democracia: ella se presenta como una ampliación de la democracia debida a una mejor participación de la sociedad civil, en tanto que, está destruyendo el único espacio donde los individuos pueden acceder a la democracia: convertirse en ciudadanos y dejar de ser simples representantes de los intereses particulares.
Se trata en realidad de olvidar la lección moderna de la Ilustración y de acceder a otra concepción de lo político en donde el mercado y los intereses privados habrían tomado todo su lugar. Concluiré diciendo entonces que es exactamente allí donde la democracia debería ganar, que hay que desconfiar más, pues dicha democracia está en riesgo de perderlo todo. La consecuencia del debilitamiento del Estado es en efecto ineludible: la transferencia de poderes que efectúa la gobernanza liberal a favor de la sociedad civil equivale a expropiarle al pueblo su soberanía.
Este resumen fundamentado en el análisis de Dufour sobre Gobierno, Gobernanza y Sociedad Civil, me ha significado una comprensión mayor no solo de los términos sino de la implicación de la teoría neoliberal, en donde se accede a otra concepción de lo político en donde el mercado y los intereses privados se posesionan de todos los espacios. Creo profundamente en la democracia, máxime la que nos ha tocado vivir en consonancia con nuestros tiempos: la democracia participativa. Consolidar una democracia participativa exige un gran compromiso, esfuerzo, tiempo y trabajo, pero paralelamente permite la organización en diferentes niveles y sectores, que garantizan una democracia más sana y cónsona con su concepto etimológico, para aportar soluciones a problemas comunes, y experiencias referentes con posibilidad de ser adaptadas y mejoradas. El ejercicio del gobierno es demasiado importante para delegarlo a las gobernanzas corporativas, siendo que la palabra democracia se origina y encuentra en el griego “δημοκρατία” (democratía), y se compone de los términos “δῆμος” (démos), que puede traducirse como ‘pueblo’, y “κράτος” (krátos), que significa ‘poder’. El poder del pueblo.
Y ya al cierre basta con recordar que Rousseau fue el gran teórico de la democracia participativa basándose en la libertad como concepto esencial.
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