miércoles 21 octubre, 2020
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Pdvsa quiere enterrar a sus jubilados

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 Marco Tulio Arellano


“Tanto va el cántaro al río que por fin se revienta”

Refrán popular

 Uno de los casos de presunta violación a los derechos humanos y al desprecio de las normas jurídicas, laborales y sociales que vive el país, en pleno proceso de la Revolución Bolivariana, es el que atravesamos actualmente unos 30 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, Pdvsa.

La situación que desde hace varios años trascendió a la opinión pública nacional con el famoso caso Illaramendi, ha sido manejada con torpeza por parte de las autoridades de la hasta ahora primera industria del país.

El hecho que ocurre con los jubilados no es casual, pues desde la llegada de la Revolución Socialista con el Comandante Hugo Chávez al frente, comenzó un ataque interno y externo para derrumbar el motor de la economía venezolana y por ende, acabar con uno de los pilares fundamentales del Estado venezolano.

Todos los acontecimientos que hoy sacuden a Pdvsa, luego de haberse levantado airosa de un paro petrolero en los años 2002 – 2003, cuando los lacayos de la “Gente del Petróleo”  se prestaron a derrumbarla, hoy sus contradicciones se han agudizado para conducirla a su casi  paralización, gracias a las sanciones y al bloqueo que ejerce Estados Unidos por las políticas de Donald Trump contra nuestro país.

Los hechos que hoy se presentan en la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional no son gratuitos. Sólo basta citar análisis de expertos petroleros como Carlos Mendoza Potellá, quien lo ha venido exponiendo a través de sus escritos en los medios de comunicación.

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Potellá sostiene: “El estado de postración del país es tal que como en el tango, se da cuenta de que ya se están repartiendo sus despojos, pero se muestra indefenso, inerme y resignado al destino fatal. Tal es la situación frente a los reiterados proyectos desnacionalizadores que se vienen proponiendo desde hace décadas, desde los inicios del “adelanto de la reversión” en 1976, para anular todo el recorrido de los esfuerzos nacionalistas en materia petrolera, desde Gumersindo Torres hasta nuestros días”.

“La idea – sostiene Potellá – es crear un paraíso terrenal petrolero para los inversionistas privados, inexistente en otro lugar de la tierra donde la Nación venezolana asume todos los riesgos. Anula la potestad nacional de legislar y regular en materia de hidrocarburos, al establecer, en favor de los contratistas privados nacionales o extranjeros, la garantía de intangibilidad legal y fiscal de los términos de sus contratos. Transgrede toda la evolución del sistema legal venezolano y lo retrotrae a la época previa a Cipriano Castro, antes del Código de Minas de 1904 y mucho antes de la Primera Ley de Hidrocarburos de 1920”.

Todos los antecedentes expuestos por Carlos Mendoza Potellá son más extensos y los mismos ya eran visualizados por Alí Rodríguez Araque, en la época que estuvo al frente de Pdvsa y del Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo, cuando enfrentó el paro petrolero con el Comandante Hugo Chávez al frente.

La memoria de los actuales dirigentes petroleros que enarbolan el nombre de “Ali Rodríguez Araque” en una Comisión Presidencial para la reestructuración de Pdvsa, parece ser muy frágil y apuntan a un reparto de los escombros que dejó Rafael Ramírez, en la industria petrolera nacional, hechos de los cuales sufren las consecuencias sus trabajadores y jubilados.

Estos últimos, quienes pudieran representar una reserva estratégica para el rescate de Pdvsa, hoy son castigados y apartados con políticas denigrantes que los despojan de sus conquistas como el Fondo de Pensiones, desmantelado por la gestión de Rafael Ramírez y lo más reciente, apoyado por la actual Junta Directiva y la dirigencia sindical de Wills Rangel, como lo es el Seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, SICOPROSA.

La estrategia no es casual y la ignorancia adrede de los reclamos del colectivo de jubilados, llevada por la vía legal a través de los órganos del Poder Moral (Contraloría General, Defensoría y Fiscalía General de la República) obedece a una política de desconocimiento de las conquistas laborales que se expresan a través de la CCP (Contratación Colectiva Petrolera) y la LOT (Ley Orgánica del Trabajo) y políticas laborales de Pdvsa.

La lucha que hoy mantiene en la calle el colectivo de jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional ha sufrido un desgaste. Muy a pesar de su carácter reivindicativo, que trasciende el escenario político al cual muchos quisieran manipular o dividirlo internamente.

La intención es evitar a toda costa que se logren las conquistas y los reclamos legales, expresados en los intereses de pagarés y de las utilidades e intereses de los haberes del Fondo de Pensiones, mutilado por las políticas de Rafael Ramírez y su Junta Directiva, así como por las asesorías económicas del defenestrado Ministro de Finanzas Simón Zerpa.

El debate continúa y los 30 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional buscan conseguir, a pesar de las dilaciones de Pdvsa y su Junta Directiva encabezada por Asdrúbal Chávez, el objetivo del pago de sus intereses de los pagarés de más de 1.750 millones de dólares al 9,5% y los pagos congelados de más de 600 dólares por jubilado.

Para los 30 mil jubilados este pago ascendería a un total de 3 millones 150 mil dólares; es decir, lo que sumaría una deuda inmediata de en un solo pago, de 105 dólares por jubilado.

Los jubilados han encontrado a través de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica, AJIP y una más reciente, la organización conocida como la Hoja de Ruta (HDR) que se concreten sus reclamos y las peticiones, ya dadas a conocer públicamente.

En días recientes fue acordada una reunión por parte de la Junta Directiva de Pdvsa, representada por Asdrúbal Chávez, la Junta Administradora del Fondo (APJ-PDV) con Iris Medina; Ajip en la persona de su presidente Héctor Villalobos y la Hoja de Ruta (HDR) representada por la Dra. Irma Sosa (jueves 10 de septiembre).

Para esta semana, es decir para este jueves 17, estaba prevista una nueva reunión, pero por razones que no fueron del todo aclaradas por Pdvsa, la ausencia de Asdrúbal Chávez impidió la reunión y por eso, el colectivo de jubilados de más de 30 mil, en todo el país, quedamos como pajarito en rama pero seguimos a la espera de ser atendidos, para así encontrar una justa respuesta y el pago total de nuestra deuda, la cual se ha incrementado en el tiempo.

“La justicia tarda pero llega” y es urgente que el Estado Venezolano, representado por el Primer Magistrado Nacional y “Presidente Obrero” Nicolás Maduro, gire instrucciones precisas al presidente de Pdvsa Asdrúbal Chávez,  para que atienda al colectivo de jubilados del país.

Hoy más que nunca confiamos en el Estado de Derecho, en tiempos de Revolución y una vez más esperamos, que superado el escollo y la tranca del “Rasputín” de las finanzas públicas, Simón Zerpa, la mano derecha de Rafael Ramírez, para que ahora podamos superar la cueste que frenaba nuestras conquistas y buscaba enterrar a los jubilados de Pdvsa.

 ¡Amanecerá y veremos!

 

 

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