Opinión
Recuperar el salario – exige más que aumentos

Julio César Hernández

RAZÓN DE LA LUCHA

Con profundo respeto y admiración, hemos venido observando, las múltiples manifestaciones pacíficas, que han realizado trabajadores y educadores de buena parte del país, dirigidas a sensibilizar y hacer entrar en razón al gobierno interino, de que el actual monto salarial, no es suficiente, tampoco digno, ni mucho menos créditos de valor, como así lo han establecido las normas constitucionales y legales vigentes, en materia laboral, las que al ser abandonadas u olvidadas en su aplicación, generaron daños en los patrimonios de los trabajadores, que deben ser reparados legalmente.  

VALOR DEL SALARIO

Sobre el salario, cabe decir que, no solamente representa un ingreso, con los atributos señalados, al que se agrega el de ser un activo patrimonial. El salario en lo intangible, es calidad de vida, es seguridad, es bienestar, es pasaporte para ingresar a distintos procesos educativos, permite sacar adelante a la familia, permite el derecho humano a las vacaciones, en fin, contiene valores agregados, que lo hacen inconmensurable para quienes, desde el hecho social trabajo, aspiran a realizarse en cualquier profesión, arte u oficio, es el trabajo y por ende el salario, el camino hacia la prosperidad y el bienestar. 

DE SU PROTECCIÓN

Por todo lo que significa en el orden constitucional y moral del país el salario, el Estado venezolano, asumió en la Constitución vigente, “el compromiso de protegerlo”, esto es, defenderlo y cuidarlo, para que el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos en general, no sufriera daños o perjuicios, entiéndase pérdida del poder adquisitivo. En tal sentido, esa protección conllevaba a que se tomaran las medidas necesarias, que pudieran ampararlo, frente a hechos, como la inflación, la devaluación y más recientemente la expansión de la economía informal; pero infortunadamente no fue así.

EL DESMEMBRAMIENTO

Lo anterior se tradujo en serios daños al patrimonio individual de los trabajadores y por ende de sus familias, quienes vieron, por ejemplo, como sus prestaciones sociales, se volvieron polvo cósmico, ante la decisión gubernamental de la reconversión monetaria en el año 2018, con lo cual, la esencia de este beneficio laboral, perdió sentido y por ende los trabajadores, no iban a tener recompensa por los años de servicio laborados, ni mucho menos, quedaron amparados en los muchos casos de cesantía, lo que sin duda, los dejó totalmente desprotegidos, frente a la dura e interminable realidad económica del país.

DAÑOS EXPANSIVOS

Entonces hubo daños al salario, a las prestaciones sociales y demás beneficios laborales derivados de esta institución, sin obviar el valor y significado intangible que este lamentable decaimiento de la institución laboral, ocasionó en la psiquis y en la calidad de vida de los trabajadores. Esos daños a los trabajadores, se tradujeron en disminuciones o pérdidas de patrimonios económicos, derivados de las relaciones laborales con el Estado, que es, sin excusa alguna, el responsable de las decisiones empobrecedoras y peor aún, el negligente omiso, de no querer reparar los terribles estragos causados con sus decisiones.

RESPONSABILIDAD ADQUIRIDAD

Ahora bien, no revisar esas situaciones, es seguir permitiendo que campee la injusticia. Justificaciones legales para hacerlo, las hay. Así el Artículo 140 de la Constitución, obliga al Estado a responder patrimonialmente “por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”, se recuerda aquí que, las medidas económicas que acabaron con la institución del salario y demás beneficios económicos, que eran bienes una vez ingresados al patrimonio de los trabajadores, provinieron de la Administración Pública nacional, encabezadas por el Presidente de la República.

Así mismo, una de las directrices que fue inobservada en la actividad de la Administración Pública, fue la concerniente a la de responsabilidad, fijada en el Artículo 141 del propio texto constitucional, que además “le impuso el deber de someterse a la ley y al derecho, también en la materia laboral”. Ergo, al no someterse en el dictado de sus medidas al Estado de Derecho, ni menos proteger el salario y sus beneficios laborales, se hizo responsable de reparar patrimonialmente los daños causados a los trabajadores, sin que les pueda servir de excusa, el argumento de no tener capacidad financiera, para aumentar salarios. 

                                            MENOSCABO A LA FORMA DE ESTADO

“Consentir que tan grave daño patrimonial, sea irreparable”, es desconocer al Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, que obliga al respeto de todos los derechos fundamentales, derivados de la relación laboral en este caso, e igualmente a que se proteja al trabajador y a su familia, a que cumpla con la ley y el derecho y que los trabajadores afectados, con ese descalabro económico, reciban, ya no a través de un eventual aumento de salarios, que poco duraría en cuanto a su poder adquisitivo, las compensaciones o reparaciones debidas, pues la subida del dólar oficial es cada vez más progresivo, y con él, el incremento en los precios de la cesta alimentaria, por no mencionar la básica.     

POSIBLES SOLUCIONES

¿Qué hacer entonces, frente a una situación que lesiona día a día la vida de los trabajadores venezolanos? en primer lugar, estar claros de que se debe indemnizar a los trabajadores, jubilados y personas mayores, no necesariamente con la entrega de sumas de dinero, lo cual siempre será una de las alternativas a decidir; pero también el Estado venezolano, en un marco de justicia y responsabilidad, podría alternativamente, adjudicar viviendas, vehículos destinados al transporte, terrenos para labrar la tierra, becas de estudio en el exterior, oportunidades de emprendimiento, con el fin de reparar los daños causados.

SALARIO COMO POLÍTICA PÚBLICA

El método, para llevar adelante esas indemnizaciones, además del incremento del salario, sería incluir ese “plan de indemnización” en la agenda de los problemas sociales, más álgidos que confronta el país, a causa del pésimo manejo de la economía nacional, por las autoridades que puedan estar hasta el final de este régimen. A tal fin, se podría incluir en programas de gobierno, de futuros gobernantes en los próximos 15 o 20 años, tales reparaciones indemnizatorias, lo que, de paso, sería también una aleccionadora experiencia institucional, pero por, sobre todo, para que otro gobierno, no vuelva a repetir, esta clase de desmanes con el salario y sus beneficios.

MAYOR RESPONSABILIDAD

De la misma manera, futuros gobiernos, estarían más atentos y serían más diligentes y responsables en el manejo de las políticas macroeconómicas y fiscales, las que sin dudas exigen personas con profundos conocimientos monetarios y económicos, que puedan definir de una buena vez, cuál será la moneda de pago a los trabajadores, y cuales bienes o activos, se pueden generar y compensar en beneficio de una clase que está depauperada, que no encontró en el gobierno socialista ni un ápice de humanidad, un gobierno que sumergió las Convenciones Colectivas, en las profundidades del olvido. 

CONSTANCIA EN LA LUCHA SINDICAL

Redondeando esta opinión, no es suficiente solamente un incremento salarial, para recuperar el valor del trabajo, eso sí, el mismo puede ser una meta a lograr en el corto plazo, “previendo siempre su periódico ajuste”; pero, además, en el mediano y largo plazo, la dirigencia sindical, en representación de los trabajadores, puede organizar y estructurar mucho mejor, la necesidad de la reparación patrimonial a la que está obligado el Estado, que la puede agendar, como una política pública, de adecuada duración, y para lo cual, se requiere de constancia y continuidad en la lucha sindical, luego de tanto arrinconamiento hacia ellos y hacia la libertad sindical.