Miniavisos
19 de abril de 2024
Alejandro Bautista González
Desde hace más de 100 años, o lo que es lo mismo, desde antes de concluir el 1900, Venezuela no ha modificado ni ha hecho cambios ni innovaciones en sus relaciones y espacios fronterizos. Ciertamente, el modelo que aplica luce estancado e inalterable en el tiempo. Dispone de una infraestructura aduanera caduca e insuficiente para atender el cuantioso volumen de operaciones que día a día allí se genera. No cuenta con eficientes servicios de atención al público, ni comodidades para los usuarios. Los espacios aduanales y sus alrededores siempre lucen congestionados por el abultado tráfico automotor y tránsito de personas; a ello se agrega que en San Antonio del Táchira –punto crucial-, el edificio aduanero está ubicado dentro de la misma ciudad, con lo cual el problema toma características graves. Pero no solo se presentan esos problemas, ya hemos comentado que la falta de una moderna y amplia vía que comunique a la zona fronteriza con San Cristóbal, capital del Táchira, y con el resto de país, es de vital importancia y urgencia para asumir el reto que nos impone “la frontera más activa y dinámica de Latinoamérica”. Recordemos que la actual e insuficiente vía en uso tiene aproximadamente 100 años de haberse construido y conserva las mismas medidas porque nunca ha sido modificada. Por otra parte, la capacidad instalada de Almacenes Generales de Depósito, debidamente equipados, también resultará exigua en tiempos de máxima ocupación. A ello hay que agregar la imperiosa necesidad que tienen las alcaldías de los municipios San Antonio y Ureña de implementar un nuevo “Plan Regulador” de las ciudades y el eje fronterizo, sobre lo cual corresponde al Gobierno regional y nacional prestar su mayor cooperación.
La perspectiva de crecimiento y fortalecimiento de la cooperación transfronteriza en Venezuela, específicamente en el eje San Antonio- Ureña, como en América Latina, tiene que leerse en el marco de dos procesos que se están consolidando: por un lado, el enfoque territorial al desarrollo económico y social; por otro, la descentralización administrativa en curso en todos los países latinoamericanos, aún con ritmos y modalidades diferentes de país a país. Los conceptos de dimensión territorial del desarrollo y de integración regional ya forman parte de la agenda política de los países latinoamericanos. Todos los gobiernos de América del Sur -excepto Venezuela- han puesto entre sus prioridades la definición de programas e instrumentos de fomento al desarrollo local y a la coordinación interinstitucional y transnacional, para integrar áreas que van más allá de las fronteras entre los Estados. Se considera la integración regional como un instrumento clave para el desarrollo económico y social y para la inserción en el comercio internacional.
Si se quiere modernizar nuestra frontera con Colombia y estar a nivel de su desarrollo, el gobierno de Venezuela deberá cambiar su actual esquema de relación fronteriza, atrapado en un excesivo centralismo, contrario al verdadero espíritu constitucional. El Gobierno central debe delegar en las regiones las iniciativas de desarrollo fronterizo (economía, servicios, cultura y educación, entre otras) y su organización. Su deber debe centrarse en orientar las políticas públicas de integración y fronteras, supervisar y aprobar los proyectos que le sean sometidos por los entes fronterizos en cualquiera de las materias asumidas, reservándose lo inherente a seguridad, defensa, soberanía y otras, consideradas de importancia estratégica nacional. Es esta la tendencia existente en países de alto desarrollo.
El interés hacia enfoques territoriales para el desarrollo es el producto de la toma de conciencia de las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que la globalización determina en las relaciones entre las regiones latinoamericanas.
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*Doctor en Cooperación Internacional, Integración y Descentralización: Los Desafíos del Desarrollo Internacional
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