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Política
“Gestión social en el Táchira no se detiene a pesar de la crisis presupuestaria”
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Con una nueva entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y muletas a personas con discapacidad de escasos recursos, la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez, reiteró que gracias al programa de asistencia humanitaria se continúa garantizando asistencia social a la familia tachirense en medio de la más profunda crisis económica que atraviesa el país.
La primera autoridad regional destacó, mediante boletín de prensa, que la gestión social en el Táchira no se detiene,” pues se hacen los mayores esfuerzos para llevar bienestar a la población más vulnerable”.
Frente a las condiciones económicas actuales la devaluación de la moneda y la hiperinflación – enfatizó- seguimos asumiendo el reto y el compromiso para asegurar asistencia social a la familia tachirense.
“La atención social ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para mi gobierno”, afirmó Gómez.
Resaltó que a través del apoyo de organismos internacionales y alianzas estratégicas desarrolladas por el Gabinete Social de la gobernación tachirense, se han realizado jornadas sociales y de vacunación, entrega de medicinas, donativos y charlas de orientación y prevención del COVID-19 en diferentes municipios de la entidad regional.
No hay voluntad política
Luego de la entrega de donativos la mandataria regional se pronunció en relación al caos del sistema eléctrico en el Táchira, destacando que este se ha incrementado desde hace algunos años, por lo que afirmar que esta problemática data desde hace pocas semanas, por los inconvenientes generados en La Vueltosa es totalmente irresponsable.
“De manera diaria y permanente le roban, hurtan y cortan el fluido eléctrico a diferentes sectores de la sociedad tachirense, todos sabemos que las fallas y deficiencias se vienen acumulando desde hace más de doce años. Han sido notorios los actos de corrupción, se comieron y despilfarraron los recursos que en su momento fueron aprobados para mejorar el sistema eléctrico y los responsables se encuentran fuera del país”, expresó.
Señaló que aún cuando el tema eléctrico no es competencia directa del gobierno regional, la gobernación del Táchira elevó propuestas al Grupo de Bostón para que se evalúen y revisen las inversiones del proyecto hidroeléctrico que cofinanciará la Corporación Andina de Fomento (CAF) para paliar la situación del sistema eléctrico en Venezuela, en especial, en el Táchira.
“No me parece responsable decir que el problema eléctrico en Táchira se debe a una situación que se generó la semana pasada en La Vueltosa. Aunque no tenemos coordinación con los entes que tienen competencia en el tema hemos presentado propuestas al Grupo de Boston donde se discute un proyecto que pudiera generar más de 50 megavatios al Táchira”.
Aclaró que lamentablemente no se ha podido avanzar en la propuesta por las condiciones y controversias políticas del régimen, “necesario es que se establezca un acuerdo para generar inversiones que permitan mejorar el sistema eléctrico venezolano a fin de garantizarle a la población servicios más eficientes y mejor calidad de vida”, apuntó.
Oferta electoral sin cumplir
En otro orden de ideas, refiriéndose al tema de la frontera- Gómez destacó- que no hay un gesto de voluntad política ni solidario por parte del gobierno venezolano para permitir el paso por la frontera colombo-venezolana.
“Lo vienen prometiendo desde el mes de diciembre como parte de una oferta electoral, pasaron las elecciones y hasta la fecha no han honrado ese compromiso”, aseveró.
Señaló que no se pueden emitir declaraciones emocionales con insultos al mandatario colombiano porque eso genera debilidad a las relaciones diplomáticas.
Ante la posibilidad planteada por el presidente de Colombia de abrir la frontera, la mandataria regional expresó, que más allá de las diferencias políticas, el régimen de Nicolás Maduro debe mostrar más interés y disposición para que esto sea una realidad.
Argumentó que su gobierno mantiene conversaciones directas con autoridades colombianas a los fines de evaluar las pérdidas materiales, económicas, aduaneras y fiscales que se han generado por el cierre de la frontera, así como intercambiar estadísticas epidemiológicas sobre el COVID-19 y establecer articulaciones sobre los canales humanitarios.
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