martes 7 diciembre, 2021
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Monómeros, una historia de crisis y desencuentros de la oposición

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La crisis de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. se mantiene en función continuada, mientras persisten los desacuerdos entre el Gobierno interino que encabeza Juan Guaidó y sus aliados en el G4, Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD). En este trabajo, TalCual registra los aspectos neurálgicos de la situación de la empresa, ubicada en Barranquilla


En 2019, Juan Guaidó prometió que la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S.A., filial de Pequiven, sería saneada luego de los vicios y la corruptela que la afectaron en la administración de de Nicolás Maduro.

Esta corporación se ha convertido en un punto de quiebre entre los miembros de la alianza G4, que escaló con el rechazo, en votación en la Comisión Delegada el 2 de noviembre, del decreto de reestructuración propuesto por Guaidó y la aprobación del informe de la Comisión Especial de control e investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros, presidida por Bibiana Lucas (PJ), que hizo una experticia a la empresa en Colombia.

Los desacuerdos entre las facciones políticas que se mantienen en la Asamblea Nacional electa en 2015 se han hecho palpables en la Comisión Delegada, mecanismo previsto en la Constitución para períodos de receso, pero que se ha hecho permanente en la gestión de Guaidó desde el 3 de enero de 2021. En las sesiones, exclusivamente por vías telemáticas, a algunos diputados solo se les escucha la voz, sin video, en tanto otros abren la cámara durante sus intervenciones en los debates.

Sobre el decreto, la diputada Delsa Solórzano señaló que, por tratarse de una atribución presidencial, solo debió pasar a la Delegada como un punto de información.

Para Guaidó, reconocido como «presidente interino» por un grupo de países, el polémico informe es insuficiente. «Tiene que ir más allá, seguir investigando, establecer responsabilidades y procurar justicia con transparencia. Debemos iniciar de inmediato una auditoría externa y, por supuesto, una reestructuración».

Este es el mismo criterio de la bancada de Voluntad Popular (VP), de la fracción 16 de julio, de Proyecto Venezuela y de la llamada fracción de la Concertación, quienes insisten en que el informe derivado de la Comisión Especial que preside Bibiana Lucas (PJ) no blinda con acciones contundentes el combate de la corrupción en Monómeros, uno de los principales activos de la república en el exterior.

El decreto de Guaidó, que fue defendido el 3 de noviembre en un comunicado de 51 diputados, entre ellos el presidente de la Comisión de Contraloría (Macario González de VP), propone la reestructuración inmediata de la directiva y gerencia general de Monómeros; la destitución del gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, y su reemplazo por un gerente provisional nombrado por Pequiven ad hoc.

También se planteó una auditoría inmediata; así como la contratación de una firma de reclutamiento de personal de alto nivel para realizar un perfil y selección de una junta directiva y un nuevo gerente general.

Otro aspecto no menos importante es que se siga el curso de la investigación de Monómeros por parte de la Comisión de Contraloría. Precisamente, el 22 de septiembre, esta instancia acordó solicitar a Guaidó la reestructuración de la empresa.

El informe fue aprobado con 10 votos en la Comisión Delegada, 6 de PJ y 4 de AD, en una votación en la que Guaidó votó en contra y Un Nuevo Tiempo (UNT) se abstuvo.

El informe señala que debe iniciarse un procedimiento para declarar la responsabilidad política a los exdirectivos de Monómeros Carmen Elisa Hernández, expresidenta de la Junta Directiva, y a Jorge Pacheco, «vinculados con el partido Voluntad Popular», por su supuesta participación en una presunta conspiración de gerentes y extrabajadores de Monómeros para conducir a la quiebra, intervención y liquidación de la empresa.

 

También se indica la existencia de del plan para una «toma hostil» fraguada por la empresa Nitron Group.

Sobre los señalamientos que vinculan a Carmen Elisa Hernández con VP, la exdirectiva ripostó, en octubre de este año: «Nunca he sido parte de Voluntad Popular ni se puede afirmar que mi valor consiste en ser ‘la mano derecha’ de Leopoldo López. Rechazo, sin titubeos, una descalificación que es falsa, reduccionista y machista».

Las afirmaciones de Hernández fueron hechas en una carta pública en la que se deslindó de los señalamientos de Humberto Calderón Berti, exembajador de Guaidó en Colombia.

Según Calderón Berti, «el gran responsable de todo eso, no hay que darle muchas vueltas, el gran responsable de todo lo que ha ocurrido en Monómeros se llama Leopoldo López, que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante, politiza todo a lo que le pone la mano».

En septiembre de 2021, Carmen Elisa Hernández renunció a Monómeros tras manifestar su disconformidad con hacer pública una apelación a la resolución de la Superintendencia de Sociedades de Colombiana, emitida en agosto de este año.

A finales del mismo mes, Monómeros ratificó su desacuerdo con la decisión de la Superintendencia que pretendía intervenir a la empresa para someterla a ajustes necesarios para corregir su situación de crisis. Para esto, la empresa consignó una solicitud formal para acoger el decreto 560 de 2020 emitido durante el Gobierno de Iván Duque, un recurso legal que faculta al Gobierno para aplicar «mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación» para empresas que se encuentren en situación de insolvencia.

Monómeros genera fricciones

Otro de los elementos del controvertido informe sobre Monómeros, aprobado por la Delegada, es que deben aplicarse las recomendaciones de Supersociedades Colombia, reformarse los estatus de la empresa, y efectuarse una auditoría a partir de 2019. Pero, sobre todo, en el informe se enfatiza que fue constatada la imposición de intereses políticos en la gerencia.

En septiembre, Primero Justicia, en abierto enfrentamiento con el interinato, anunció su separación del manejo de los activos en el exterior.

En ese sentido, Julio Borges, comisionado para las Relaciones Exteriores del interinato, destacó que Juan Guaidó, no ha sido asertivo ni ha tomado decisiones efectivas para el resguardo de los activos de la república en el exterior, entre ellos la empresa Monómeros. PJ ha insistido en la urgencia de establecer un fidecomiso para los activos.

Por su parte, el  liderazgo de Guaidó ripostó que el manejo de los activos se ha efectuado con transparencia y en el proceso «han participado de forma imparcial» todas las fracciones parlamentarias que hacen vida en el interinato.

«Desde 2019 hemos protegido y seguiremos protegiendo los activos de la nación del saqueo de la dictadura, procurando todos los mecanismos necesarios para ello amparados en el artículo 233 de nuestra Constitución», destacó.

En medio de la disputa, que ha evidenciado los roces dentro del G4, el procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, acusó a PJ de obstaculizar la aprobación de recursos para el manejo de activos en el exterior.

Además, la Procuraduría Especial refutó el señalamiento de Julio Borges que deja entrever que no ha habido una apropiada rendición de cuentas de los recursos utilizados para la defensa de activos.

Sánchez Falcón fue nombrado, en junio de 2020, días después de la renuncia de José Ignacio Hernández, quien abandonó la Procuraduría en medio de un escándalo de corrupción.

Diatriba en las comisiones

El decreto de Guaidó, que no fue aprobado, establece que la Comisión de Contraloría continué con la investigación de Monómeros, pero el informe de la Comisión Especial también prevé seguir con la indagatoria para fijar responsabilidades.

Diputados como José Luis Pirela (fracción 16 de julio) y Marco Aurelio Quiñoñes de VP, miembros de la Comisión Especial, repudiaron el informe.

Pirela argumentó que el informe no recoge los graves problemas de gobernanza de Monómeros, al tiempo que niega la necesidad de remover y reemplazar a la junta directiva. En ese sentido, dijo que el informe es un engaño y una burla a la nación.

El diputado Quiñones destacó que es urgente una reestructuración, un cambio en la gerencia general y en la directiva de Monómeros, e insistió en que debe concretarse una auditoría externa.

Asimismo, José Luis Pirela recordó que la Comisión de Contraloría recomendó la reestructuración de Monómeros. Por esa instancia, pasó un grupo de exdirectivos de la empresa que fueron interpelados.

En esas interpelaciones, el gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, admitió que la aplicación del Decreto Ley 560 de 2020 para salvar a la empresa no fue consultada a la Asamblea Nacional (AN) de 2015 ni a la administración de Guaidó. Argumentó que se trató de una decisión dentro de las atribuciones de la junta directiva.

Por su parte, el ingeniero Luis Hurtado, quien perteneció a la junta directiva de Monómeros hasta el 20 de septiembre, dijo que no tiene conocimiento de quién negoció el contrato con la empresa Lion Street, el cual se rescindió, en junio de este año, sin haberse ejecutado. Sin embargo, ante la Comisión de Contraloría, refirió que el contrato fue discutido y aprobado por la junta directiva.

En esa misma instancia el coordinador del proceso de rendición de cuentas nombrado por Guaidó, Yon Goicoechea, negó que Monómeros esté en quiebra. «Tiene un problema de liquidez muy serio, que debe ser atendido de inmediato» , expresó. De allí apuntó la necesidad de hacer cambios en los procesos y en las directivas.

Tal Cual

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