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24 de abril de 2024
Política
Solicitan ante la Fiscalía investigar al Alcalde de San Cristóbal por presunta violación de DDHH
22 de febrero de 2023
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El presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, detalló que el derrumbe de los locales comerciales en el Hospital Central, “forma parte de una política del régimen municipal que se convierte en crímenes de lesa humanidad y actos inhumanos que afectan a varias personas, porque en este caso no existen razones ni fundamentos jurídicos sino una especie de venganza de Juan Rodolfo Martínez, director general de la alcaldía”
Los dueños de los locales comerciales que fueron derrumbados en el Hospital Central de San Cristóbal solicitaron ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Táchira la apertura de una investigación penal por “grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad” en contra del alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano.
En la entrega de la solicitud este jueves 23 de febrero, acompañaron los abogados defensores y el presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, quienes señalan al alcalde de ser responsable de la destrucción de dos restaurantes construidos hace 19 años, presuntamente con la autorización del Ministerio de Salud y la dirección del centro hospitalario de San Cristóbal.
“En la demolición arbitraria de 350 metros de los restaurantes ubicados en el Hospital Central, participaron como autores intelectuales el director General de la alcaldía, Juan Rodolfo Martínez; el Síndico Procurador municipal, Mario Izarra y su asistente José Corso, además de los funcionarios policiales César Gil, de la Policía Municipal, y Arturo Perdomo, de la Policía Nacional, adscrito a la Policía Municipal de San Cristóbal”, detalló Walter Márquez en declaración a las afueras de la Fiscalía.
El defensor de derechos humanos, acompañado de los comerciantes Pablo Novoa y Oscar Escalante, junto a los abogados Omar Sayago, Reinaldo Pedroza y Ana Hernández, manifestó que los responsables de estos hechos fueron acusados de lesionar los derechos humanos de las víctimas, el derecho al trabajo, al ejercicio económico consagrados en los artículos 87 y 112 constitucional.
“El alcalde y la cadena de mando fueron acusados ante el Ministerio Público, de violación de domicilio, abuso de funciones, agavillamiento, hurto, daños a la propiedad, delitos establecidos en los artículos 184, 203, 286, 451 y 473 del Código Penal venezolano”, acotó.
Agregó que ya están preparando acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Entre tanto, los abogados Omar Sayago y Reinaldo Pedroza informaron que están preparando acciones para las reparaciones patrimoniales por el derrumbe de los dos locales comerciales, sin autorización.
“Desde el punto de vista constitucional se violaron las normas del debido proceso garantizado en el artículo 49 de la Carta Magna, al igual que se hizo desde el punto de vista municipal al contravenir lo previsto en su ordenanza de construcción en los artículos 111 al 115, por lo que es responsabilidad directa de los autores materiales e intelectuales los graves daños causados a las víctimas, no solo con la destrucción de más de 350 metros de esos locales comerciales, que fue un acto de barbarie, sino también por el lucro cesante al haberles paralizado los negocios de manera ilegal durante muchos meses”, dijo el abogado Omar Sayago.
Resaltó que lo más grave del caso, es que, en lugar de haberle buscado una utilidad a esos locales en el Hospital Central, procedieron a demolerlos, lo que a su juicio deja ver “la mala intención” de los funcionarios involucrados en lo ocurrido. (Maryory Bustamante)
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