“A Carlos Manuel Tarazona ‘Cocha’ lo asesinó un supervisor de las FAES”

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Al cumplirse un año del asesinato del productor agropecuario de Rubio, municipio Junín del estado Táchira, Carlos Manuel Tarazona conocido como “Cocha”, un equipo interdisciplinario conformado por defensores de derechos humanos, exconcejales, abogados penalistas y criminalistas, presentaron un informe sobre la investigación realizada con relación a este hecho llegando a la conclusión de que el productor fue asesinado por el grupo Fuerzas de Acciones Especiales –FAES- de la Policía Nacional Bolivariana –PNB-.

El diputado jubilado a la Asamblea Nacional, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, acompañado de la mamá de la víctima, Victoria Medina, y de los exconcejales de Junín,  Marlene Mora y Danny Carrillo, precisó en una nota de prensa que el informe de esta investigación fue aprobada por los legisladores municipales y la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal el 28 de noviembre de 2018, producto de un equipo disciplinario conformado por los antes nombrados junto a los abogados penalistas Nathaly Bermúdez y Jesús Alberto Berro, el experto en ciencias criminales Oswaldo Arteaga, mientras que de la investigación hemerográfica estuvo a cargo la periodista Mariana Duque. El análisis de grave violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad fue realizado por Walter Márquez como experto en la materia.

“Carlos Manuel Tarazona fue asesinado por un escuadrón del grupo de Fuerza de Acciones Especiales –FAES- de la Policía Nacional Bolivariana –PNB-, y su muerte no fue producto de un enfrentamiento como lo afirmaron, sino de un ajusticiamiento. Está comprobado en una investigación que realizamos. El estaba desarmado y el arma que le colocaron forma parte de un expediente de un arma hurtada hace más de 40 años y precisamente se la sembraron, producto de un expediente archivado… Según el levantamiento planimétrico, la recopilación de testimonios por parte de varios testigos, la fijación fotográfica del sitio y el análisis criminalístico, llegamos a la conclusión de que fue asesinado por este comando del crimen y escuadrón de la muerte como podemos denominar al FAES”, expresó.

“Quien accionó el arma y disparó a quema ropa contra la humanidad de Carlos Manuel Tarazona, fue el funcionario del FAES, supervisor Márquez, al mando del comisionado de la PNB, Héctor Morales, e integrada la comisión por el supervisor agregado Hugo Méndez y los oficiales Erick Martínez, Luis Fonseca y Jesús Candelo, además de otros funcionarios no identificados. En los documentos reposa que fueron ellos quienes actuaron en el operativo y que fue Márquez quien disparó a quema ropa”, aseguró.

Walter Márquez indicó que en este caso se cumplieron las fases que señala en el informe oral del 20 de marzo de 2019 Michel Bachelet, alta Comisionada de los Derechos Humanos para las Naciones Unidas, quien indica que el FAES actúa sin orden de allanamiento, posteriormente aparece que la persona murió en un enfrentamiento y los testigos señalan que no tenía armas, hay simulación de hecho punible y no actúa la Fiscalía.

“En el caso de Cocha el FAES llegó sin orden de allanamiento, simularon un hecho punible de un enfrentamiento, lo que en Colombia se llama falso positivo y hasta la fecha la Fiscalía tiene totalmente paralizada la investigación. Estamos en presencia de varios delitos: homicidio intencional, simulación de un hecho punible, apropiación indebida calificada de pertenencias familiares, el trato cruel inhumano y degradante al que fueron sometidos sus empleados”.

Por ello solicitó públicamente a Freddy Bernal que ejerciendo su autoridad política le exija la Fiscalía la inmediata detención del funcionario. “El alcalde de Rubio, Ángel Márquez también debe participar en la solicitud que se haga justicia porque de no hacerlo sería corresponsable de este crimen alevoso que fue reprochado ampliamente por la comunidad regional y nacional”, añadió.

Destacó Márquez que ninguna de las acusaciones que hicieron en contra de Cocha de que era contrabandista y paramilitar  han sido comprobadas, ni hay autorización de ningún tribunal para que actuaran, por lo que se trata de un hecho punible, y una agresión moral contra él y su familia.

Esta investigación aprobada el 28 de noviembre del año pasado, será remitida a la Fiscalía General de la República, a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que se investigue por ser un asesinato dentro de un plan sistemático que ha conducido tanto la PNB como las FAES.