Colombia define esquema de atención a uniformados desertores de Venezuela

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Estos militares y policías asumirán el estatus de civiles y no podrán ejercer funciones de seguridad o defensa.(Foto/Diario La Opinión)

El Gobierno de Colombia firmó un memorando de entendimiento con el gobierno interino de la República Bolivariana de Venezuela, para la atención de exmiembros de las Fuerzas Armadas y policiales del vecino país que se encuentran en el territorio nacional después del 23 de febrero de 2019. 

El documento, firmado el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, busca que estas personas puedan desarrollar una vida como civiles y en completa normalidad mientras las condiciones en su país les permiten volver a ejercer sus funciones en la Fuerza Pública.

Según explicó el Gobierno colombiano, a las personas que se hagan beneficiarias del esquema de atención se les otorgará un Permiso Especial de Permanencia (PEP), para que puedan trabajar y tener acceso a condiciones básicas. La medida solo cobijará al personal uniformado venezolano que ingresó al país entre el 23 de febrero y la fecha de la firma del memorando de entendimiento. 

Para su atención, el Gobierno Nacional determinará los beneficiarios con base en la información cotejada con Migración Colombia, que incluirá a sus núcleos familiares, esto con el propósito de determinar el número total de personas que están bajo estas condiciones en el país. 

Tras el proceso de validación y actualización de la información y después de que acojan a las condiciones planteadas en el memorando recibirán apoyo para atención básica y capacitaciones en las gestiones correspondientes para buscar cupos en el sistema educativo para los menores que lo requieran.

Migración Colombia, por su parte, expedirá un permiso de trabajo hasta por dos años, con lo que se autorizará a que estás personas y sus familias puedan ejercer una actividad laboral remunerada que les permita la manutención y el sostenimiento mientras permanezcan en Colombia.

Finalmente, desde la Cancillería se harán esfuerzos interinstitucionales para la inclusión de los infantes al sistema educativo dependiendo de los cupos en cada una de las regiones. 

La coordinación se realizará de manera interinstitucional entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, Migración Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación y otras entidades del Estado. 

El Gobierno colombiano aclaró que estas personas “no” pueden ejercer funciones ni militares, ni policiales o de seguridad o defensa, ni podrán portar sus armas ni llevar sus uniformes, y tras acogerse a los beneficios implementados estos asumirán el estatus de civiles.

Este pacto surgió después de varias quejas de los desertores refugiados en Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, denunciando el abandono en el que se encuentran y el temor a ser desalojados de los hoteles en los que están hospedados.

Incluso, hace dos semanas, a los uniformados desertores alojados en el hotel Ácora, en el centro de Cúcuta, con sus familias, les suspendieron los servicios y la gerencia del lugar exigió la entrega de las habitaciones, por una deuda de más de 60 millones de pesos.

De acuerdo con cifras de las autoridades, el país han arribado 1.400 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana y de cuerpos policiales del vecino país. (Cortesía Diario La Opinión)