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Regional
Es preocupante el impacto que tendrá Ley de Pensiones en el sector privado
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En un país donde más de 80 % de las pensiones son no contributivas, no es muy razonable descargar en el sector privado esta responsabilidad
Humberto Contreras
El miércoles 8 de mayo de 2024 se publicó en Gaceta Oficial Extraordinaria la nueva “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social”, que impone un nuevo tributo a las organizaciones del sector privado, que ya enfrentan una importante presión fiscal, la cual tiene impacto en la economía nacional.
La ley establece una contribución obligatoria especial de parte de las empresas y organizaciones privadas, consistente en el pago al Estado de hasta 15 % del monto de los pagos, incluyendo salario y bonificaciones, que hacen a sus empleados en general.
¿Cuál es el impacto de este nuevo tributo en la economía en general? Para conocer más técnicamente el tema, conversamos con el economista tachirense y director del Centro de Investigaciones y Análisis Prospectivo (CIAP), Dilio Hernández:
“Son muchas las dudas sobre el impacto que tiene este nuevo tributo en la economía y en el mismo sistema pensional. Lo primero que debemos aclarar, es que la situación crítica del sistema pensional poco o nada tiene que ver con los aportes del sector productivo al sistema, estimado en aproximadamente 11 %, que se abona a las cuentas de la seguridad social.
Esto es para sostener un Seguro Social que hoy no solo no cumple con los trabajadores contribuyentes, sino que además se encuentra colapsado por la incorporación masiva de pensiones no retributivas creadas por el Gobierno, más con fines populistas que relacionado con una política de seguridad social sostenible financiera y socialmente racional”.
Indica el economista que el decreto N° 4.952, que en teoría podría mejorar los ingresos de este importante sector social estimado en más de 5.5 millones de personas, la mayoría de pensiones no contributivas, difícilmente supere 10 % el costo de la canasta básica de alimentos, manteniéndolos en el nivel de pobreza extrema.
–En el sector productivo su impacto no puede ser menos preocupante -dice el experto-. Se trata de un impuesto regresivo que se carga directamente a la estructura de costos de los bienes o servicios, al ser incorporado al salario y bonificaciones pagados, lo que finalmente se sumará al precio que cancelarán los consumidores.
–Es aquí –explica- donde descansa el verdadero problema para el empresario, pues en una economía con la demanda reprimida por el bajo poder de los salarios, cualquier incremento de los precios reduce aún más la demanda, impidiendo incrementar la producción mejorar los salarios y por consiguiente el empleo.
Carga para las empresas formales
Dice el profesor universitario que el nuevo tributo se suma a los más de 45 impuestos directos e indirectos que cargan las empresas, y que absorben más de 50 % de su rentabilidad, con el agravante de que serán las empresas formales, que generan 12 % del empleo real, las que deberán pagarlo, porque el sector informal que representa más de 75 %, difícilmente lo cancelará, creando una marcada desigualdad tributaria.
A está realidad hay que agregar que las empresas que deberán contribuir con el sistema pensional ya cancelan 11 % al Seguro Social, y muchas incluso tienen sistema pensional propio, con lo cual estarían pagando doble tributación por el mismo concepto. Igualmente habría que decir que el nuevo tributo debe ser cancelado por las empresas que no generan rentabilidad, distorsionando la misma causa económica de la tributación, que es la renta. Y si esta no existe, tampoco debería existir el tributo.
En relación al objeto que motiva la creación del tributo, es decir, el mejoramiento del ingreso del pensionado, habría que acotar que esta es una obligación del Estado y su política social, especialmente en un país donde más de 80 % de las pensiones son no contributivas, no es muy razonable descargar en el sector privado esta responsabilidad, sobre todo si partimos de que la carga impositiva del sector productivo es una de las más altas de la región.
El Gobierno debe desarrollar un sistema de protección social que les garantice al trabajador y a su familia una vejez con calidad de vida. Para este propósito existe una Ley de Seguridad Social aprobada en 2002, que el propio Gobierno no cumple, asegura Hernández.
“Si realmente se quisiera mejorar la situación del sistema pensional, solo se requería realizar una reforma a la Ley, e implementar la mejora del sistema, responsabilizando a la Tesorería de la Seguridad Social su ejecución e implementación, y no delegando en un organismo como el Seniat estas funciones, sin garantía de que estos nuevos recursos sean aplicados realmente al objeto por el cual se creó el tributo”.
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