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24 de abril de 2024
“La negativa del Consejo Nacional Electoral a un referendo revocatorio por parte del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro y la intención de Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez de intimidar a los promotores de esta actividad, según el Estatuto de Roma, constituyen un delito de lesa humanidad, por persecución política”.
Así se expresó, durante rueda de prensa ofrecida en horas de la mañana de este viernes, el defensor de derechos humanos y exdiputado a la Asamblea Nacional, Walter Márquez, quien, junto a César Pérez Vivas y miembros de Mover, afirmó que esa situación obliga a los promotores de derechos humanos y de ese evento a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para solicitar la responsabilidad internacional del Estado, presidido por Nicolás Maduro, así como ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por el crimen de persecución, establecido en el artículo 7.1.h, numeral 2 y literal G del Estatuto de Roma.
Márquez sostuvo que ya están preparando todo para concretar la denuncia, “por los graves delitos que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, quien amenaza con una nueva lista Tascón, así como Jorge Rodríguez y los tres rectores del CNE, cometen y siguen cometiendo en contra de la nación”.
El defensor de los derechos humanos insistió en que “estos personajes, aparte de boicotear el proceso revocatorio del mandato ilegítimo presidencial, amenazan a los promotores principales del referéndum revocatorio, con acciones intimidatorias que atentan contra su integridad física y la de sus familias”.
Walter Márquez, como vocero principal del nuevo proceso que iniciarán ante la Corte Penal Internacional, destacó que los referidos delitos de lesa humanidad constituyen una grave violación de los derechos humanos contemplados en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Declaración de los Derechos Universales y en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por su parte, el exgobernador del Táchira e integrante del Movimiento Venezolano por el Referendo Revocatorio (Mover), César Pérez Vivas, indicó que las amenazas de las cuales son víctimas “es una prueba más del control político que ellos ejercen sobre el órgano electoral venezolano, además de ser un grave delito al convertirse en el negador y pretender criminalizar el ejercicio de un derecho consagrado en el artículo 72 de la Constitución”.
Asimismo, anunció acciones legales contra estos funcionarios del Gobierno, al que calificó como “régimen”, y a su juicio, “es el mundo al revés, porque ellos se convierten en juzgadores y acusadores, como si nadie los estuviera observando con las manos en la masa, luego del crimen que han cometido”.
“Señor Jorge Rodríguez, con la verdad ni temo ni ofendo; ya Walter Márquez y mi persona estamos preparando todos los recursos legales que otorga el ordenamiento jurídico venezolano, sobre los derechos que nos han sido confiscados por la camarilla roja y que llevaremos a la comunidad internacional a partir de la próxima semana”, afirmó Pérez Vivas.
Finalmente, Vivas responsabilizó a Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro de lo que les pueda pasar a los integrantes de Mover, en especial a la integridad física de Nicmer Evans, a su persona y sus familias.
Bleima Márquez
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