Usuarios denuncian un aumento de hasta 40 bolívares en el cobro del pasaje urbano en San Cristóbal a pesar de que el Gobierno nacional exhorta a cumplir la tarifa establecida de 23 a 25 bolívares dentro de la ciudad. También reportan tratos inadecuados hacia las personas de la tercera edad y con discapacidad
Bleima Márquez
A propósito de la publicación de la Gaceta Oficial 43.114, de fecha 24 de abril de 2025, donde exhorta al gremio de transporte público a aplicar las tarifas establecidas a nivel nacional, se ha generado en la capital tachirense una controversia ante los reportes del cobro de 40 a 60 bolívares o 2 mil pesos colombianos por el pasaje dentro de San Cristóbal, por parte de algunos conductores de distintas líneas que cubren rutas urbanas.
“La línea Santa Teresa – Las Lomas informó que desde hoy cobrará 40 Bs el pasaje corto y 60 Bs el largo”, indicó Solbey Guerrero, vecina de ese sector.
Esta situación ha generado un fuerte debate en la comunidad. Ante este panorama, el equipo de prensa de Yo Reporto a La Nación conversó con ambas partes, transportistas y usuarios, para conocer la posición y los argumentos.
Una vez publicada la Gaceta Oficial, los transportistas expresaron su profundo descontento, calificando la tarifa decretada como insuficiente para cubrir los costos operativos y garantizar la calidad del servicio. A pesar de su desacuerdo, manifestaron la intención de acatar lo señalado en el decreto y cobrar lo estipulado en bolívares, o la tarifa en pesos colombianos que vienen aplicando desde hace más un año.
Poco después comenzaron a surgir denuncias por parte de usuarios sobre el cobro de tarifas superiores a las establecidas. Algunos ciudadanos reportan que ciertos conductores, que podrían ser casos aislados, están exigiendo los 40 bolívares o los 2 mil pesos colombianos, manteniendo el precio que venían cobrando previamente.
“Para reportar que la línea de buses está cobrando 40 bolívares o 2 mil pesos el pasaje, y a los estudiantes no nos dejan pagar lo que nos corresponde con el carnet estudiantil”, denunció un joven que omitió su nombre.
De igual manera, se han recibido, en la mensajería de Yo Reporto, quejas sobre conductores que se niegan a recibir el pago en bolívares, exigiendo la moneda colombiana. Para la fecha y hora de la redacción de esta nota, dos mil pesos equivalen a 0,50 de dólar, cambio que se ha mantenido estable en los últimos meses.
El malestar e indignación entre un grupo de usuarios, quienes denuncian el cobro indebido y el no acatamiento de la Gaceta Oficial, no se hizo esperar, así como las persistentes denuncias sobre el incumplimiento del subsidio para personas de la tercera edad, con discapacidad y para estudiantes por parte de algunos choferes, quienes a su vez manifiestan que esa contribución es asumida exclusivamente por cada transportista.
“La línea de transporte Barrio Sucre – Libertador está cobrando 40 bolívares el pasaje o 2 mil pesos, y no permiten que los pasajeros de la tercera edad les cancelen 20 bolívares. O pagan o los bajan de la buseta. Por favor, tomar medidas al respecto”, denunció Daniel Álvarez, habitante del centro de San Cristóbal.
Sin embargo, no todos los usuarios se muestran negativos ante la implementación de una tarifa superior a la establecida por el Gobierno nacional. Un sector de la ciudadanía expresa su comprensión ante la difícil situación que atraviesa el sector transporte. Argumentan que la tarifa oficial de 25 bolívares no se ajusta a la realidad económica de la región, donde los costos de mantenimiento de los vehículos y los repuestos, muchos de ellos importados, se han incrementado significativamente. Piensan que es primordial mantener activa y en buenas condiciones la flota de unidades de transporte para garantizar el servicio y no vivir experiencias pasadas.
Mientras tanto, la Alcaldía de San Cristóbal no ha emitido ningún pronunciamiento oficial respecto a esta situación. Usuarios y transportistas esperan una postura clara y medidas para abordar esta problemática por parte de la autoridad municipal.
Qué opina la gente
“Yo pedí réplica de esa Gaceta en la línea 21 de Mayo, control 15, sin embargo los choferes son reacios y groseros. No aceptan la Gaceta”, denunció Ana Garnica, desde Santa Teresa.
“La Alcaldía del municipio San Cristóbal tiene que poner orden con la problemática del aumento de pasaje, exigirles poner visible el decreto y precio establecido por el Gobierno nacional”, comentó José Gregorio Casanova desde La Ermita.
“Con respecto al pasaje urbano me parece que ese aumento es insuficiente, ya que los precios de los repuestos, cauchos, cambio de aceite y otros son costosos y el combustible que le suministran a la semana tiene que laborar ciertos días para poder hacer su trabajo de ruta. Los que tenemos autos, camionetas, motos o cualquier vehículo, sabemos lo costoso que es movilizarse”, señaló un habitante de San Cristóbal que prefirió omitir su nombre.
Otro usuario comentó: “Dejen de tanta guerra con el transporte, ya que si seguimos así vamos a quedar sin servicio como sucedió hace algunos años”.
Falta de cambio para pagar o dar vueltos
A la polémica por el aumento del pasaje urbano se suma un nuevo elemento de tensión: La falta de efectivo para dar vueltos, según lo expresado por los conductores.
Esta situación ha motivado a que los usuarios opten por pagar cifras redondas de 20 bolívares, en lugar de los 23 o 25 bolívares estipulados en la Gaceta Oficial.
Los transportistas argumentan que la escasez de billetes de baja denominación les impide entregar el cambio correcto a los pasajeros. Esta dificultad es un aditivo al descontento existente por la tarifa oficial de 25 bolívares, que consideran insuficiente.
Por su parte, los usuarios se ven en el dilema de no contar con las cantidades exactas en efectivo. Ante la imposibilidad de obtener el vuelto correspondiente, muchos han tomado la decisión de pagar 20 bolívares, generando una situación de mayor enfado porque ni siquiera cancelan la tarifa impuesta a nivel nacional.
Esta nueva arista en la disputa agudiza aún más el conflicto entre transportistas y usuarios. Mientras los conductores alegan la imposibilidad operativa de manejar tarifas fraccionadas por la falta de cambio, los pasajeros se sienten obligados a pagar menos de lo estipulado.