martes 17 mayo, 2022
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Presos denuncian brote de tuberculosis en retén de Zulia

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Los detenidos denuncian la existencia de al menos otros 25 casos de la enfermedad, que no han sido confirmados por la falta de recursos para exámenes médicos en clínicas.

Desde los patios del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, municipio Colón del estado Zulia, se mantiene, desde el pasado viernes 22 de abril, una protesta pacífica para denunciar “un brote de tuberculosis” en las diferentes áreas del penal y exigir la intervención de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial.

“Tenemos una pandemia de tuberculosis crónica y nuestros compañeros están padeciendo. Hace ocho días falleció el señor Nelson Fernández y no nos están dando pronta respuesta a la situación que se está viviendo de hacinamiento. Les recuerdo que este es un centro de arresto construido para 80 personas y tenemos un hacinamiento de 530 presos en este recinto”, denunció, a través de un video, uno de los voceros de los privados de libertad.

El líder de cada patio hizo un llamado a los legisladores de la Asamblea Nacional, al diputado Pedro Carreño, al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Desde el pabellón A, detalló que el 21 de abril de 2022 se instaló una mesa técnica en el penal para conocer la situación de salud y judicial de cada privado de libertad.

De no obtener respuesta en las próximas horas, los detenidos amenazan con una huelga de hambre. “Ya basta que jueguen con nuestras vidas. Somos seres humanos, nos duele que nuestras familias sean extorsionadas”.

En respuesta inmediata, un equipo médico del Senamecf evaluó, el 21 de abril de 2022, a solicitud de Miguel Fernández, fiscal provisorio 75 del Ministerio Público, a 426 privados de libertad dentro del retén de San Carlos de Zulia.

Extraoficialmente, se conoció que durante la jornada de salud que había un detenido en el Hospital General de Santa Bárbara de Zulia en condiciones graves y dentro de las instalaciones solo había dos reclusos con tuberculosis con tratamiento, en condiciones “regulares”.

Las protestas dentro del retén de San Carlos comenzaron, el 7 de abril de 2022, tras el fallecimiento de Nelson José Fernández Rodríguez, quien murió en el pabellón A tras sufrir una desnutrición severa, complicada con tuberculosis y un edema pulmonar.

Sus compañeros retuvieron el cadáver dentro del penal hasta que se acercó una comisión de la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la región, cuyo vocero gestionó junto con la Alcaldía de Colón la recuperación del área de enfermería del retén.

El malestar se mantiene hasta la actualidad, los detenidos denuncian la existencia de al menos otros 25 casos de tuberculosis, que no han sido confirmados por la falta de recursos para exámenes médicos en clínicas.

Recaudos que exigen a los presos para trasladarlos a los penales

El ministerio de Asuntos Penitenciarios ordenó que los familiares de los presos compren una serie de objetos que estas personas no pueden pagar
A través de la ONG Una Ventana a la Libertad, se conoció de una nueva disposición del ministerio de Asuntos Penitenciarios. Se trata una serie de recaudos para trasladar a los presos, desde las comisarías, hasta los penales.

Lo que llama la atención y lo rechaza la ONG, es que son objetos que las familias de los privados deben comprar, cuando el Estado debería proveerlos.

“Los objetos o productos exigidos a los familiares resultan tan costosos que casi ningún familiar puede adquirirlos. En consecuencia, el detenido o detenida no puede optar a ser trasladado”, alerta la organización.

Agrega que ponen a los familiares es una disyuntiva. “En caso de permanecer en los calabozos policiales (los presos) seguirán padeciendo las calamidades que se presentan en estos lugares”.

Vale aclarar que los traslados a los penales se ordenan cuando los privados de libertad ya tienen una sentencia.

De acuerdo a la información emanada del ministerio, para hacer efectivo el traslado, los presos deben tener “un kit”.

Sus familias deben proveerlos de una colchoneta de goma espuma sin resorte, dos juegos de sábanas blancas o azules. Además de tres uniformes (mono y franela).

De paso, en el caso de los uniformes, exigen que sean de colores. Para jóvenes adultos y procesados masculinos, azul celeste. Para penados masculinos, amarillo, para procesadas femeninas, verde manzana. Mientras que, para penadas femeninas, color fucsia. Y todos deben tener zapatos negros sin trenzas (tipo Cross).

Junto con esto, también deben contar con una toalla y un kit de aseo personal con jabón de baño, papel higiénico, pasta dental, cepillo dental y desodorante.

Documentos

Por otro lado, el ministerio exige que el expediente del privado de libertad contenga varios documentos. Debe tener la Cédula de identidad laminada vigente, sin deterioro, planilla única de reseña decadactilar (modelo R-13-R-9), certificada por el SAIME.
A ello se suma el acta policial, un auto de medida judicial privativa de libertad o boleta de encarcelación. Además, tienen que presentar el acta de derecho del imputado y el examen médico forense.

En caso de ser penado, debe contar con el auto de ejecución de la pena y si el preso tiene varias causas, los expedientes deben ser individuales.

Para las mujeres, los recaudos agregan una prueba de embarazo, de no más de 24 horas. Así como una prueba de COVID-19, igualmente de no más de un día de vigencia.

No pueden con los costos

La ONG ratificó que los familiares no pueden con los cotos de estos requisitos. Citó el ejemplo de lo que ocurre en el estado Aragua, donde se otorgaron 292 cupos en diversos centros penitenciarios. “Los familiares aseguran que no pueden costear los trámites”, señala UVL.

“Los familiares de los presos también se quejan porque los traslados, por lo general, se hacen a penitenciarías que quedan muy lejos de su lugar de residencia. En consecuencia, no podrán visitar más al detenido o detenida”, alerta.

UVL indica que aquellos reclusos denominados “los sufridos”, porque no tienen familiares que los visiten, no podrán a estos traslados.

WC| Impacto Vzla

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