Regional

“Universidades públicas del país asfixiadas por crisis presupuestarias”

18 de marzo de 2024

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Además de la reducción gubernamental de los presupuestos oficiales, las instituciones no reciben completo lo asignado, lo cual amerita una revisión, según el economista Dilio Hernández

Humberto Contreras

En medio de la crisis presupuestaria que viven actualmente las universidades venezolanas, ocasionada tanto por la asfixia gubernamental como por los sistemas obsoletos de manejo financiero de las mismas universidades, se hace necesario, además de la exigencia formal de los recursos oficiales, una revisión de la política novedosa de manejo presupuestario de parte de esas instituciones.

Así lo expone el economista Dilio Hernández, director del Centro e Información y Análisis Prospectivo (CIAP), quien señala que la asfixia presupuestaria constituye una estrategia política del Gobierno nacional para cercenar la Autonomía Universitaria -garantizada en el artículo 109 de la Constitución nacional-, y convertirlas en un instrumento de su proyecto hegemónico.

–Esta política -agrega Hernández- se viene ejecutando desde 2008 y se ha agudizado en los últimos 11 años, alcanzando más de 97 % del presupuesto de estas instituciones.

Indica el profesor universitario que para 2024 se asignan 553 millones de dólares, menos de 2 % del presupuesto nacional, al subsistema universitario, lo cual equivale a 60 % menos de lo presupuestado en 2008, cuando se asignó un presupuesto de 1.852 millones de dólares, el cual fue mayoritariamente entregado a las 61 universidades que controla el Gobierno, de las 71 que conforman el subsistema nacional, las cuales tienen menos de 50 % de la matricula estudiantil.

En los últimos 11 años el presupuesto de las universidades públicas autónomas ha sido recortado en más de 97 %, dejándolas al borde del cierre técnico. Desde 2021 la nómina de las universidades públicas es manejada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), así como la asignación de 100 % del cupo.

La política de recorte presupuestario ha sido más notoria en instituciones como la UCV, principal universidad pública del país, a la cual, entre 2008 y 2024 le han sustraído más de 10 mil millones de dólares, dejándola con menos de 3 % de los recursos que requiere para su funcionamiento. Igual suerte han corrido las universidades ULA, LUZ, UC, UDO y UPE.

Entregan recursos incompletos

La mayoría de los recursos deficitarios aprobados anualmente para su funcionamiento llegan incompletos a las universidades, acumulando un déficit presupuestario que impacta todos los servicios, la calidad de la educación, la investigación y la extensión de las universidades, reduciendo la matricula estudiantil, la planta docente y de investigación, empleados y obreros.

Al escenario de asfixia financiera gubernamental hay que sumar un componente derivado de esta política y de la cultura de gobierno reproducida en el ámbito universitario, caracterizada en lo presupuestario y financiero por una marcada debilidad gerencial, fallas en los procesos de control y evaluación, escasa rendición de cuentas, poco uso de indicadores de gestión, ausencia de unidad de criterios, desconocimiento técnico del personal, atraso de las unidades académicas y administrativas para el levantamiento de data, falta de sanciones, etc.

Hernández señala que existe además un acentuado divorcio entre los objetivos institucionales y la gestión financiera que agudizan la crisis.

Modelos obsoletos

A este panorama de deterioro y fallas presupuestarias del subsistema universitario nacional, explica Hernández que hay que agregar un modelo de gestión financiera obsoleto centrado en los aportes públicos, en más de 90 %, y menos de 10 % de recursos propios:

“Estos recursos propios son generados por la comercialización de bienes, servicios, donaciones, rentas patrimoniales y otros aspectos, que pudieran constituir fuentes alternas de financiamiento bajo un esquema gerencial eficiente y eficaz”.

Eso incluye, la posibilidad del acceso al financiamiento internacional multilateral y privado, tal como ocurre en países como China, USA y España, entre otros, donde las universidades son uno de los sectores que aportan rentas importantes a la economía.

Una nueva política presupuestaria

La nueva política presupuestaria de la Universidad deberá combinar: Primero, la exigencia de los recursos públicos al Ejecutivo nacional como un derecho constitucional, para lo cual es fundamental:

 a.- Conformar un nuevo pacto social universitario que involucre a todos los sectores de la comunidad (profesores, estudiantes, empleados, obreros, egresados) por un presupuesto justo y salarios dignos.

 b.- Definir una ruta direccional estratégica de lucha que vaya más allá del entorno interno de la Universidad construyendo una alianza estratégica con los sectores de la sociedad civil (sindicatos, gremios, empresarios, iglesia, ONG´s) afectados por las políticas públicas del gobierno.

Segundo: Revisión de la política de ingresos propios y fuentes alternas de financiamiento tradicional, caracterizado por una alta discrecionalidad de las unidades académicas y administrativas internas, dispersión, ausencia de planificación y control presupuestario que, en cada una de ellas, funciona como un feudo autónomo o parcela desarticulada del plan estratégico, y la política financiera de la Universidad, que propicia la malversación y corrupción de estas instancias

Esta revisión, concluye el especialista, debe ir acompañada de una política presupuestaria innovadora basada en el carácter integral del financiamiento presupuestario como herramienta de gestión y expresión financiera de los objetivos de la Universidad, un instrumento que permita definir planes, ejecutarlos, medirlos y evaluarlos con adecuados indicadores financieros de gestión que le den transparencia, responsabilidad y efectividad.

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