Reportajes y Especiales

Falta de papel para certificados pone en jaque derecho a la identidad

1 de octubre de 2018

1.587 vistas

Con la falta de papel de seguridad en el que se emiten los certificados de nacimiento, el Estado le está negando el derecho a la identidad e incluso a la salud a los neonatos que nacen en los hospitales públicos. Sin un documento legal, los niños quedan anulados, fuera del Registro Civil. Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país.

Dannis Hernández, “Dannito”, como lo llama su madre, Zenaida Alcázares, tiene cuatro meses de edad, es venezolano y caraqueño de cuna. Nació el 21 de mayo de este año, a las 9:30 de la noche y se llama exactamente como su padre. Hasta hora su historia personal tiene poco de extraordinario: su madre hace cola en cuanto establecimiento consigue para comprar leche y es el tercer hijo de esa familia residenciada en Petare. Pero lo que quizás podría ser el dato más obvio, el más indiscutible de todos, en la Venezuela en crisis es, tal vez, el más incierto.

En realidad, “Dannito” aún no ha nacido, al menos no desde el punto de vista legal. Con una existencia postergada por el Estado, su nombre todavía no figura en el Registro Civil y su identidad es solo un acuerdo familiar, un consenso. No hay nada que pruebe su nacimiento y mientras espera respuesta, Zenaida dice que lleva la cuenta de aquel alumbramiento en el almanaque batiente que cuelga de su nevera. Después de todo, su niño nació sano, como se lo había confirmado su médico durante el control, pero dos cosas cambiaron a última hora: vino al mundo por cesárea y, en lugar de una clínica, como lo había aspirado la mamá, nació en el Materno Infantil de Petare, pues tuvo problemas con la póliza de seguro y los dolores llegaron sin aviso previo.

Su drama es aún más profuso. Su esposo se mudó a Medellín hace seis semanas para abonar el terreno donde construirán lo que será su próximo hogar y poder dejar atrás la “pesadilla” de vivir en Venezuela sin alimentos, sin servicios ni medicinas.

No me he podido mudar a Colombia porque no tengo el certificado del niño y no puedo salir del país sin su partida de nacimiento. No lo he bautizado y tampoco he podido comprar leche regulada cuando se me ha presentado la oportunidad”, cuenta Zenaida.

Con el déficit presupuestario que arrincona a los hospitales, la crisis sanitaria no solo se ciñe a los problemas de infraestructura, la escasez de insumos y a la falta de personal. El drama en la atención pública permea terrenos inusitados y hace cuesta arriba la emisión de certificados de nacimiento, el documento que prueba la vida de los neonatos. En este nivel de la crisis, las maternidades se han quedado sin papel de seguridad para emitir las actas y responden a los reclamos con medidas improvisadas: un oficio sin mayor pretensión que la de asegurar que la madre fue atendida en el centro de turno. A decir verdad, la ausencia de papel de seguridad tiene implicaciones más allá de lo netamente legal y priva a los bebés, por ejemplo, del derecho a la inmunización en un país donde proliferan enfermedades que se creían erradicadas.

Gobierno admite fallas de papel de seguridad

Armando Marín, viceministro de Hospitales y director del Jesús Yerena, en Lídice, admite que el problema se presenta en todo el país y agrega que la emisión del certificado, compuesto por cuatro actas seriadas e impresas en papel químico, es responsabilidad de varias instituciones. La situación desborda el Área Metropolitana. Marín explica que el papel de seguridad no se produce en el país y ello ha retrasado la entrega. Solo en el José Gregorio Hernández, de Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto, el número de parturientas atendidas en un día se incrementó de 15 a 60, según el personal. La recuperación de ese servicio abre una brecha importante de espera para las familias que aguardan por un certificado de nacimiento.

Frente a las fallas de un sistema de salud que implosiona, el viceministro de Hospitales asegura que buscan alternativas.

La escasez de EV-25, como también se les conoce a las planillas de certificación, no solo se recrudece en los establecimientos especializados como la Maternidad Concepción Palacios, también afecta a los hospitales generales como el Doctor José Gregorio Hernández, en Catia, donde fue reinaugurada la sala de parto. Daniel Hernández, directivo del Sindicato de Hospitales y Clínicas de Caracas, señala que la institución adeuda 900 certificados a niños nacidos en Los Magallanes. Aunque las primeras denuncias en torno al problema se presentaron en abril, no fue sino hasta hace dos meses cuando estalló el descontento.

El ginecobstetra Roberto Márquez, del Materno Infantil de Petare, asegura que la situación arropa a todas las instituciones públicas. Los certificados, que son emitidos por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y refrendados por la cartera de sanidad, no llegan a las direcciones regionales de salud, lo cual impide su despacho a los distritos sanitarios, que son los responsables de suministrar el formulario a la dirección de registros médicos de cada hospital.

“El departamento de estadística de cada hospital debería permanecer repleto de actas”, dice el ginecobstetra de Petare y señala que solo en esa institución se atienden 1.000 partos por mes; sin embargo, no reciben actas de nacimiento desde hace más de seis meses.

Sin nombre, sin nacionalidad

Sin un documento oficial, los niños quedan anulados, fuera del Registro Civil, y para algunos su nacimiento es más una cuestión de fe que de certeza. Anadanis Aponte, abogada y exfuncionaria del Consejo de Protección de Niños y Adolescentes del municipio Sucre, hace énfasis en el aspecto legal. A su juicio, lo que ocurre en los centros públicos, donde nace 80 % de la población según el Ministerio de Salud, vulnera el derecho a la identidad.

Desde que el Consejo Nacional Electoral asumió la rectoría del Sistema Nacional de Registro Civil se han presentado fallas en los recursos y escasea el personal operativo para desempeñar funciones en los registros ubicados en algunos hospitales.

En la práctica, explica la abogada, también se priva a las familias del acta de nacimiento que prueba o demuestra quién es la madre y el padre del niño.

Los reclamos por la falta de identidad se presentan en los centros más importantes del país, como la Maternidad Concepción Palacios, Santa Ana y los hospitales materno infantiles de El Valle, Caricuao y Petare. Los familiares aseguran que tienen poco margen para resolver un problema, cuya responsabilidad es absolutamente del Estado. Daniel Hernández asegura que al problema de insumos en los hospitales se le suma la fragilidad institucional con la que se responde a los pacientes.

En un país cuya tasa oficial de natalidad se ubica en 19,81 por cada mil habitantes, hasta los nacimientos son cuestionables. A la incapacidad del sistema de salud para brindar asistencia oportuna, se suma el deterioro del acceso a los servicios de asistencia médica afectados por el deterioro de su infraestructura y la falta de mantenimiento.

El epidemiólogo Mauricio Villadiego, extrabajador del Instituto Nacional de Higiene, explica que los registros de nacimientos no son un mero dato estadístico. La importancia de la data estriba en el diseño de programas, planes y proyectos de salud para proteger a una población vulnerable.

Padres enojados

En la Maternidad de El Valle, donde la entrega de certificados ha fallado en los últimos tres meses, los padres afectados han intercambiado teléfonos para hacerle seguimiento al tema. Aseguran que la dirección elude las quejas y, en lugar de fijar plazos para la entrega de los certificados, le restan importancia al trámite.

Nos dijeron que estaban al tanto de la situación, pero que había otros temas prioritarios como la falta de especialistas”, dijo Mirta Lozada, una representante del consejo comunal de la calle 2 de El Valle.
Las embarazadas de su comunidad saben que se enfrentan a un sistema de salud cuya mayor respuesta es “no hay”. “En mi caso tuve que esperar siete meses para que me entregaran el certificado de mi niña. Recurrí a la presión para que la oficina de registros médicos del Materno Hugo Chávez me consiguiera un acta de nacimiento”, contó la vecina Yoandris Espinoza, de Los Jardines de El Valle, quien se negó a conversar sobre su caso.

Lo que ocurre con los certificados de nacimiento, coinciden médicos, es un cuadro inusitado que compromete la atención integral de los neonatos. El problema ni siquiera figura en la data de denuncias médicas procesadas por Provea entre 2012 y 2017. Ni siquiera existe una queja similar documentada entre los 23.980 reclamos formulados contra el sistema público de Salud durante ese período.

Para Andrés Monsalve, cirujano del Materno Infantil de Caricuao, la ausencia de papel para la certificación de los nacimientos es el preludio de una crisis más profusa, que socava cualquier pretensión de servicio e institucionalidad.

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, todos los niños tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad. Según el instrumento legal, el Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la determinación de identidad de todos los pequeños, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares.

Tanto en dependencias del IVSS como del Ministerio de Salud

El enojo de los representantes no es exclusivo de los centros del Ministerio de Salud, los hospitales adscritos al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales también reproducen las quejas de los familiares. En la Unidad de Registro Civil del Miguel Pérez Carreño tampoco se están haciendo los registros.

La situación incluso ha sido motivo de protesta. De acuerdo con el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), el certificado de nacimiento es la puerta de entrada a otros derechos fundamentales contemplados en la Lopnna y el incumplimiento de ese derecho está sancionado por la misma legislación.

A propósito de ello, el artículo 225 de la Lopnna establece pautas específicas para sancionar a los funcionarios públicos que violen el derecho a obtener el documento de identidad:

Cuando el nacimiento ocurre en hospital, clínica, maternidad u otra institución de salud, la declaración del nacimiento se hará ante la máxima autoridad pública de la institución respectiva. Dicho funcionario deberá extender la correspondiente acta haciendo cuatro ejemplares del mismo tenor. Uno de los ejemplares se entregará al representante, el otro lo remitirá a la primera autoridad civil de la parroquia o municipio en cuya jurisdicción ocurrió el nacimiento, a fin de que esta autoridad certifique la declaración en los respectivos libros del Registro Civil. El tercer ejemplar se conservará en un archivo especial de la institución. Y el cuarto se remitirá al CNE.

Jesús García, coordinador del postgrado de obstetricia y ginecología del Materno Infantil de Caricuao y jefe de servicio, señala que el rezago con la entrega de certificados es evidente. Agrega que las actas no llegan a tiempo y las madres deben aguardar, con cita previa, por la llegada de las planillas.

Aun con un servicio venido a menos, en el Materno infantil de Caricuao se atienden entre 20 y 25 partos por jornada quirúrgica efectiva. Cada lunes y viernes, cuando la institución dispone de anestesiólogos, se practican, por lo menos, 16 cesáreas y se atienden ocho partos, enfatiza García. Según el personal de salud, los últimos 30 certificados que llegaron a la institución corresponden al mes de agosto y con ellos apenas se saldan los nacimientos en un día cualquiera. “Los más interesados en tramitar las actas son quienes se van del país y tienen previsto viajar este mismo año. Hay muchos casos como esos”, dice el ginecobstetra.

Un dato que dibuja la magnitud del problema en Caracas es el número de gestiones procesadas por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente del municipio Sucre. Solo en ese despacho del Área Metropolitana se atienden entre 60 y 70 representantes por día, que acuden por un oficio de presentación extemporánea. Se trata de un procedimiento que se activa cuando los padres presentan a los niños fuera de los 90 días establecidos por la Ley Orgánica de Registro Civil después del nacimiento.

Nelson Villasmil, consejero del Consejo de Protección del Niño y del Adolescente de Sucre, sostiene que, en algunos casos extremos, llegan madres para presentar a sus hijos tres, cinco, 10 o 15 años después de su nacimiento.

Crónica Uno

¡Quieres recibir el periódico en la puerta de tu negocio!

1 Mes

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 5% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    1 Post 1 historia

Mensual
54.000 Cop

Pago único

Suscribirse

3 meses

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 10% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    1 Post + 1 historia
  • Descuento del 5%

Mensual
51.300 Cop

Pago único

Suscribirse

6 meses

  • 3 Ejemplares semanales
  • Entrega gratis (Delivery)
  • Aviso impreso 2×5
  • Descuento del 20% en publicidad Digital
  • Osequio de Instagram
    2 Post + 1 historia
  • Descuento del 5%

Mensual
48.600 Cop

Pago único

Suscribirse