– Hay que hablar de educación sexual, del poco o nulo acceso a servicios de salud sexual y reproductiva que tenemos las mujeres venezolanas. Lo que hay que poner en la mesa es que en la Venezuela de hoy se practican muchísimos abortos porque no hay acceso a métodos anticonceptivos. La penalización del aborto no disminuye su práctica, solo genera las condiciones para que ocurra en la clandestinidad y eso automáticamente se traduce en un riesgo para la vida de las mujeres. No hay prueba de que penalizar el aborto salve ninguna vida. La gente argumenta que si una mujer quiere abortar entonces que lo pague, sin entender que esto es un problema de salud pública que afecta precisamente a las mujeres más pobres.
– De allí la consigna: «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar»
— Sí, pero es más que eso. Es un tema de derechos humanos de las mujeres porque si no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, todavía somos ciudadanas tuteladas, es decir que las mujeres en pleno siglo XXI no hemos alcanzado la ciudadanía plena. La historia del mundo es otra desde que las mujeres tuvimos la posibilidad de controlar la reproducción.
León enfatiza que hay que salir del discurso recurrente que insiste en presentar a las mujeres como irresponsables que se embarazan como consecuencia de una acción impulsiva de su sexualidad.
«Claro que tenemos que hacer énfasis en la responsabilidad de los hombres en el ámbito reproductivo, pero cuidado con esto porque la decisión del aborto siempre debe ser de las mujeres, es su cuerpo».
Alineadas y unidas
Para Magdymar, otra de las consideraciones es el reordenamiento jurídico que está ocurriendo en Venezuela, ya que se están abriendo espacios con la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Salud, dos debates legislativos en el que se pueden hacer articulaciones.
«El quiebre de la institucionalidad del Estado derivó en el hecho de que no había instancias para hacer presión sobre nuestros derechos».
Por eso no hubo participación en bloque del movimiento feminista, cuando en 2018 un grupo de organizaciones afines al oficialismo fueron ante la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente para impulsar la discusión de este tema y luego introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para argumentar la anticonstitucionalidad de los artículos que penalizan el aborto.
“Quienes no estábamos a favor de la Constituyente no podíamos participar de este proceso. Pero a pesar de los cuestionamientos que podamos tener a la actual AN, hay una instancia a quien dirigirse”, apunta León. “Mas que un cambio legislativo, hay un cambio social porque podemos hablar de esto”.
Y luego ocurrió el caso de Vanessa Rosales, la activista merideña que estuvo presa durante ocho meses -y enfrentaba una pena de 12 años- por asistir en la interrupción del embarazo de una niña de 13 años de edad que fue violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años.
“Nos reunimos feministas de distintas tendencias políticas porque entendemos que hay que incorporar este tema en todas las instancias donde haya toma de decisiones. Si vamos divididas ¿a quién le vamos a tocar la puerta? En este tema no vamos por tendencias políticas, vamos por un objetivo común que es un asunto pendiente en la sociedad venezolana”.
Magdymar León fue una de las cinco voceras que fueron recibidas el miércoles 28, al finalizar la marcha, por la comisión parlamentaria presidida por el diputado Pedro Infante, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral, junto con seis diputados y diputadas, entre ellos Asia Villegas y Herick Goicoechea, a quienes entregaron un documento que solicita que estos delitos se saquen del Código Penal, para luego ir a una discusión de Ley y debatir sobre los términos en los cuales el aborto puede realizarse.
“Todavía hay una especie de preocupación de cómo va a dar respuesta el sistema de salud ante una posible legalización del aborto porque aún lo que se tiene en la cabeza es la idea del legrado o una intervención en quirófano, y no es así, el aborto farmacológico es una opción perfectamente viable en la cual no hay intervención con otros procedimientos”.
Y mientras el debate del aborto aún se cuela en las percepciones éticas y morales de cada quien, las cifras muestran que en Venezuela 9 de cada 10 embarazos no fueron planificados, detrás de los cuales poco se habla del historial de violencia sexual, abandono de la figura masculina, desinformación y casi ningún acceso de las mujeres a información y mucho menos a métodos anticonceptivos.
