martes 18 mayo, 2021
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A un año de la masacre en cárcel de Guanare aún no hay justicia

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Desde el OVP cuestionaron que en el caso del Cepella, la respuesta del Ministerio de Servicio Penitenciario fue la misma técnica utilizada por años: cerrar el recinto y trasladar los presos a otros penales, agravando en ellos la situación de hacinamiento


El viernes 1º de mayo de 2020, en el país se registró una nueva masacre, cuando los internos y familiares del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella) ubicado en Guanare, estado Portuguesa, vivieron horas de angustias que se saldó con la muerte de 49 internos y otros 75 resultaron heridos. Un año después de los hechos, la justicia siendo siendo esquiva y la reparación ninguna.

Ese día los internos iniciaron una protesta en reclamo ante la falta de alimentos, que se había agudizado durante los dos primeros meses de pandemia, en los que se impidieron las visitas, y con ella la posibilidad de las familias de llevar comida a los presos.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios aseguró que se trataba de un intento de fuga, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mantuvo constante contacto con víctimas y sus familiares, quienes constataron que se trataba de una protesta por el suministro de los alimentos, que derivó en un ataque violento contra las reclusos.

Según confirmó el OVP, todos los presos presentaron impactos de bala por armas de guerra, así como también se conoció que los cadáveres fueron identificados por sus familiares a través de fotografías. Los cuerpos fueron entregados en estado de descomposición.

Se desconoce paradero de imputados

En el mes de mayo del 2020, el Ministerio Público informó que las investigaciones del caso estaban en manos de las fiscalías 94ª Nacional y 8ª de Portuguesa, ambas con competencia en materia de derechos humanos. Por el caso imputaron a 12 personas, pero solo 10 fueron identificadas.

En ese entonces, el fiscal general Tarek William Saab, anunció que entre los imputados estarían los funcionarios de la Guardia Nacional:

  • Alberto Castro Malagueta, primer teniente.
  • Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero.
  • Yojangel Simón Rodríguez, sargento mayor de tercera.
  • Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero.
  • Francisco José Rodríguez García, sargento primero.

Estos funcionarios fueron presentados ante el tribunal competente y, según Saab, se les imputarían los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Asimismo, ese mismo 13 de mayo, se anunció también serían imputados los reclusos que supuestamente organizaron y participaron en estos actos violentos. Estos fueron identificados como, Olivo Antonio Castillo Velázquez, pran principal del lugar, Ronald Jesús Camacaro Angulo, Wilmer Wladimir Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas de fuego.

La Fiscalía también anunció entonces que imputaría al director del penal, Carlos Benito Torres Graterol, por ser responsable del ingreso de armas de fuego al centro penitenciario.

Sin embargo, un año después, el OVP denunció que se desconoce el paradero de estos supuestos imputados. «Sabemos que el Estado no ha dado respuesta sobre el proceso judicial o las investigaciones, mientras que las víctimas ni familiares han sido convocados a rendir declaraciones», denunció la organización defensora de los DDHH de los privados de libertad en el país.

En la imputación de los funcionarios de la GN y el director del Cepella, el Estado obvió la cadena de mando, la cual también tiene responsabilidades en estos hechos, además de que nunca informaron cuál era el centro de reclusión de estos imputados.

En cuanto a los presos imputados, estos se encuentran en el Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como cárcel de Puente Ayala, en Barcelona, estado Anzoátegui. Dicho recinto se encuentra bajo el mandato de líderes negativos, quienes gozan de privilegios y acceso a armas de fuego.

La crisis penitenciaria marca la pauta

Desde el OVP cuestionaron que en el caso del Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), la respuesta del ministerio de Servicio Penitenciario fue la misma técnica utilizada por años: cerrar el recinto y trasladar los presos a otros penales, agravando la situación de hacinamiento en otros recintos.

De Cepella fueron liberados 217 reclusos bajo régimen tutelado y 1.718 presos fueron trasladados a penales con régimen penitenciario, mientras que 380 a penales abiertos, para un total de 2.098 reclusos trasladados según datos del propio ministerio.

A lo largo de este año los presos y sus familiares se han comunicado con OVP para asegurar que desde que fueron trasladados de Guanare no han hecho más que “pasar trabajo” en otros recintos, donde la escasez de alimentos es el día a día, además de ser maltratados e incomunicarlos.

Varios de estos presos han enfermado y muerto por tuberculosis o desnutrición. Desde esta organización lamentan la muertes de 49 reclusos y las lesiones causadas a otros 75, «pero lamentamos más que este caso quede impune, que las víctimas y sus familiares no sean reparadas y que el Estado continúe con la opacidad sobre lo sucedido».

En la masacre del Cepella el silencio fue la ley

El día de la masacre las noticias iban y venían por redes sociales, familiares de los internos expresaban su desesperación en medio de la paralización de un país que les impedía a muchos, trasladarse hasta el lugar y saber de primera mano el paradero de sus seres queridos.
La primera información la dio a conocer la directora del OVP, Carolina Girón, quien señaló que las cifra de 47 reclusos muertos y más de 70 heridos eran hasta el momento cifras extraoficiales que se manejaban hasta el medio día del sábado 2 de mayo y no descartó en ese momento que pudiesen aumentar.
Explicó que de los reclusos heridos, 52 estuvieron hospitalizados en el Hospital Miguel Oraá de Guanare, sin embargo, al cumplirse más de 24 horas de esta masacre ninguna autoridad gubernamental se había pronunciado al respecto, por lo que los familiares de los internos tuvieron que buscar entre la medicatura forense y el centro de salud saber algo de sus allegados.
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