viernes 24 septiembre, 2021
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El Táchira es usado por bandas de trata de personas para sacar a sus víctimas por vía terrestre

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La megainvestigación sobre el tráfico de personas con fines de explotación sexual, extorsión y secuestro, que es adelantada por el Ministerio Público, se ha extendido al estado Táchira, por tratarse de uno de los puntos utilizados para el traslado de las víctimas al exterior, bajo engaño, pues luego de ser contactadas con falsas promesas de trabajo, las inducían, mediante la intimidación y amenaza, a la práctica de la prostitución, según se desprende de las declaraciones que el pasado viernes fueron suministradas por el fiscal general de la República, Tarek  William Saab, al anunciar la detención de 26 personas involucradas en este tipo de delito y una averiguación que está en desarrollo.

Tarek Saab habló sobre el desmantelamiento de dos bandas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación sexual, explicando que se trata de una forma de esclavitud moderna, en que las víctimas son despojadas de sus derechos y su dignidad por delincuentes que las secuestran para lucrarse con su explotación. Destacó que las investigaciones prosiguen, pues “este tipo de hechos nos llevan a otros lugares, con otras personas, pertenecientes a una red de amplio espectro”.

Mafia trasnacional

Expresó el fiscal que, además de las investigaciones en desarrollo, se está alertando al pueblo para que tome conciencia de este grave delito, que tiene consecuencias muy severas en contra de niñas, niños adolescentes y mujeres, que son vulnerables y se ven captados por mafias de carácter trasnacional para mancillar a la familia venezolana.  Las investigaciones contra estas mafias permitieron establecer que, mediante falsas ofertas de trabajo, buscan captar adolescentes, mujeres, para explotarlas vil y delictivamente en el extranjero, utilizando la amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción, como el fraude, engaño, abuso del poder, y ofreciendo pagos o beneficios que les permitan obtener el consentimiento para que una persona tenga autoridad sobre otra, con fin depravado y aberrante de explotación.

Esto puede incluir la explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre y hasta la extracción de órganos. Se trata de una forma de esclavitud moderna, en que las víctimas son despojadas de sus derechos y dignidad, por delincuentes que las secuestran para lucrarse con ello. La trata de personas es una de las actividades ilegales más repudiables y lucrativas, figura después del tráfico de droga y de armas, y en Venezuela es castigada con pena severa y no tiene beneficios, añadió.

Los responsables no tienen misericordia con niñas, niños, ni familia, para explotarlos por unos cuantos dólares; son criminales que deben pagar con cárcel, explicó Tarek.

Seis meses

de investigación

Reveló el alto funcionario que la investigación sobre uno de estos casos se inició en el mes de enero, cuando se produce en La Guaira la desaparición de tres adolescentes que fueron contratadas para trabajar en Trinidad y Tobago, atendiendo mesas en un local nocturno. En primera instancia, ellas fueron trasladadas a un hotel en Caracas y luego a Barquisimeto, estado Lara, donde se unen a otro grupo de mujeres para ser llevadas a Tucupita, en el oriente del país.

Las autoridades tienen conocimiento sobre la desaparición de tres muchachas debido a que la progenitora de una de ellas, preocupada al no saber nada de su hija, acude a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para denunciar a desaparición.

El Cicpc contacta al Ministerio Público y se da inicio a la investigación, tomando como referencia el teléfono celular de la víctima, que fue encontrada en un galpón en Tucupita, donde la mantenían cautiva, luego de despojarla de sus documentos de identidad. En la operación fueron rescatadas diez mujeres, entre ellas siete menores de edad, de diferentes partes del país, que dijeron haber sido contratadas para trabajar como meseras en Trinidad y Tobago. Las jóvenes fueron captadas mediante las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp).

En realidad, según los investigadores, terminarían ejerciendo la prostitución, prestando servicios sexuales, sin devengar salario durante un tiempo, pues de esta manera pagarían su traslado y demás gastos relacionados con el viaje a las islas. Luego comenzarían a recibir 500 dólares trinitarios cada una, lo que equivale a unos 54 dólares estadounidenses.

El fiscal comentó que en el desarrollo de la investigación fueron aprehendidas cuatro mujeres y cinco hombres, a quienes les fueron imputados los delitos de trata de personas y asociación para delinquir, en calidad de autores por la captación, traslado y acogida de personas con fines de explotación sexual. Quedaron identificados como: Grecia Verónica Jiménez Mendoza y Lomeara Pérez Vegas, quienes estaban encargadas de recibir a las mujeres en Trinidad y Tobago; para quienes fue solicitada la alerta roja a nivel internacional, a fin de que sean capturadas y traídas a nuestro país, mediante el correspondiente proceso de extradición; Orlenis del Valle Navarro Gil (64), Alexánder Javier Martínez (43), Manuel Oscar López (61), Ornelys del Valle Morales Navarro (39), Jesusita del Valle Salinas Gil (45), Michelle Estefany Castillo Núñez (19), Yolander Iván Parra Campos (23), Arturo Visaina Andrade Torres (39), Miguel Ángel Josué Mendoza Osal (19), Chantalh Alexandra Morillo Campos (19) y José Alberto Vegas Castro (25). En calidad de solicitadas, quedaron otras siete personas, identificadas como: Leomara Elena Pérez Vegas (35), Adolfo Javier González Osal (34), Celeste Velásquez, Keily Colmenares, Luis Navarro, alias Guicho, y un hombre apodado Pepe; así como Grecia Jiménez, a quien se le libró una orden de captura con Interpol.

El Táchira,

como punto de salida

Así mismo, Tarek Saab hizo referencia a un segundo caso ocurrido en Puerto La Cruz, que se encuentra bajo investigación desde el pasado mes de abril, cuando familiares denunciaron la desaparición de una adolescente.

Explica el fiscal que estos casos siempre ocurren de esta manera, “desaparece la persona y luego que se investiga se descubre que estamos tras de un delito de trata de personas. En la primera diligencia se determinó que la joven había sido engañada mediante una oferta para trabajar como promotora en Perú, pero en realidad sería explotada sexualmente”.

Se descubrió durante la investigación, por parte del Cicpc y el Ministerio Público, que “un grupo de personas que se identificaban como asesores se encargaban de emitir documentación falsa a la víctima, cancelar los gastos de logística para el traslado hacia Valencia y luego hasta el estado Táchira o Apure, de donde partían por vía terrestre hacia la república de Perú. Allí serían recibidas por venezolanos, quienes se encargarían de la acogida y recepción. Estas mismas personas se encargaban de la ubicación de clientes y cobro de dinero por servicios prestados”, acotó el fiscal.

Detalló que durante la investigación conjunta con el Cicpc fue posible ubicar y rescatar a la adolescente en Valencia, donde mantenían a otras tres víctimas. Se logró además la captura de cinco hombres, que eran los encargados del trasladar a las jóvenes desde Anzoátegui hasta Carabobo, y luego a la zona de frontera.

Detenidos

Las pesquisas han llevado a la identificación, en diversas partes del país, de un grupo de ciudadanos para quienes se han solicitaron órdenes de aprehensión y el allanamiento de sus respectivos domicilios, debido a su participación en actividades criminales relacionadas con la trata de personas. Hasta el momento se ha logrado la captura de: Jonathan Josueth Carballo; Mayerlin del Carmen Bernal, Elvia del Valle Bautista, Harrison José Rivero, Keyla Vanessa Guzmán, Paseo Salomón Castillo y Óscar Gustavo Angulo, informó Saab.

También dijo que el 15 de junio se expidió orden de aprehensión en contra de José Olivio Bautista Guerrero, alias Chito; Marco Lino Arévalo Rodríguez y Fabiola Marielky Guzmán Díaz, por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y asociación para delinquir. El 10 de julio se logró aprehender a Fabiola Guzmán Díaz. Los demás sospechosos están solicitados a nivel nacional

Tarek también informó que, en horas de la madrugada del 24 de julio, fue practicado un allanamiento en un local nocturno ubicado en el centro de Valencia, estado Carabobo, el cual habría sido usado como centro de explotación sexual.

“Vean que, incluso dentro del país, estas mafias tienen sus lugares, sus sitios clandestinos para este tipo de delitos”, añadió luego, para agregar que la investigación reveló que este local era manejado por personas que pertenecen a esta organización. El allanamiento permitió la aprehensión de otros tres ciudadanos.

De igual manera, se estableció la participación en la República de Perú de Karenis Coromoto Rivero Gil, como encargada de realizar la colocación de las víctimas en los lugares donde serían explotadas sexualmente. Contra esta ciudadana también fue solicitada orden de captura, con clave roja a nivel internacional, para lograr su detención.

En este segundo caso, cuyas investigaciones incluyen al estado Táchira, se ha logrado la captura de 17 personas, dos se encuentran en fuga y otra tiene solicitud de captura a nivel internacional con notificación roja. La investigación continúa para identificar a otros integrantes de esta organización criminal, que opera dentro y fuera del país. Se trata de mafias que atentan contra la familia venezolana, dijo.

Es deber denunciar

El fiscal general aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su gestión. Desde el 2017, hasta la actualidad, han practicado imputaciones contra 468 implicados en el delito de trata de personas, de las cuales 411 han sido acusadas, y se han librado 114 órdenes de captura. Es el resultado de 330 casos investigados, en los cuales se han reportado 696 víctimas.

De igual forma, Saab invitó, a “todo quien conozca o sepa de este tipo de delito, a denunciar, para que los responsables sean perseguidos de manera implacable y sancionados como lo establece la ley”. La denuncia se puede presentar en cualquiera de las oficinas del Ministerio Público que funcionan en el país, así como en las sedes del Cicpc o ante cualquier autoridad de carácter policial.

Armando Hernández

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