EDICIÓN FRONTERA | A 4 años del cierre de la frontera: Ha reinado la impunidad

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El 19 de agosto de 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera.

Por José Luis Guerrero S.

Las investigaciones adelantadas por el equipo de trabajo indican que luego del cierre de la frontera, en San Antonio del Táchira,  fueron deportadas 1.500 personas y otras 22.500 corrieron a Colombia con parte de sus pertenencias, por desplazamiento forzoso. En el Norte de Santander se organizan las víctimas del sector La Invasión. Se crea un comité y  pedirán al Gobierno colombiano que asuma la representación y defensa a nivel internacional 

el 19 de agosto de 2015, el presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera con Colombia. Lo hizo por una llamada telefónica. En San Antonio les dispararon a unos  agentes de inteligencia, camuflados con algunos guardias nacionales que, de acuerdo con  información pública, estaban extorsionando, incidente que el Gobierno lo tomó como un argumento para cerrar la frontera.

Paralelo al impedimento de ir y venir entre Colombia y Venezuela, los residentes del barrio La Invasión, en San Antonio del Táchira, fueron noticia. En masa se desplazaron por las aguas del río Táchira, hacia La Parada. Hubo miedo.

Historiador Walter Márquez Rondón.

Para documentar los hechos ocurridos, donde se reitera que se cometieron delitos de lesa humanidad, se constituyó un equipo de 22 expertos, liderados por el historiador y  parlamentario jubilado tachirense, Walter Márquez, quienes  investigaron, documentaron, analizaron la información y redactaron la denuncia, exigiendo castigo para los responsables de estos hechos.

“El presidente Maduro cometió el gravísimo error de ordenar el cierre de frontera por teléfono, cuando lo debe hacer en Consejo de Ministros. Luego decretaron el estado de excepción, que publicaron   tres días después. El 19 de agosto, en horas de la noche, se ordena el cierre arbitrario de la frontera, el 20 se materializa  el hecho y desde allí  comenzó la razia, las deportaciones forzosas, los desplazamientos forzosos”, recuerda Walter Márquez

Las cifras manejadas en el informe indican que 1.500 personas fueron deportadas a Colombia y otras 22.500 fueron víctimas de desplazamiento forzoso.

“El impacto de la deportación  generó miedo en todos los vecinos del barrio La Invasión, donde  hubo un estado de conmoción. De repente, el Gobierno empezó a destruir y a marcar las viviendas, lo que  impacto y se fueron a Colombia, al cruzar el cauce del río Táchira”, detalla.

“Esa población estaba asentada allí y era una base clientelar del régimen para los procesos electorales, pero con la llegada de Maduro eso cambió. Ya no era gente adepta al régimen y el ideólogo  de las deportaciones fue el exgobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora”, precisa el exparlamentario.

Primer paso/octubre de 2015: elevaron la denuncia a la Fiscalía General de la República.

“La Fiscalía la desestimó. Nosotros sabíamos que eso iba a pasar, porque la Fiscalía tenía compromisos con el régimen. Fue ante la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, esa denuncia la hicimos en octubre y diciembre de 2015. Luego, en febrero de 2016, la Fiscalía cerró la averiguación y se la envió a la sala Plena del TSJ. El 11 de octubre de 2016 cerró la investigación, ordenó archivar el expediente”, relata el exparlamentario.

Segundo paso/Enero de 2016: denunciaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por el crimen de lesa humanidad, por deportaciones forzosas de agosto de 2015 y por la represión durante las protestas populares en el Táchira, del año 2014.

La respuesta de la Fiscalía aparece firmada el 9 de febrero de 2017. Walter  Márquez  se enteró por Internet, al verla el 2 de marzo de 2018, luego de  más de  un año después de haber sido expedida.

“Una denuncia de 165 páginas, 135 leds de fuentes documentales y 12 de promoción de investigación, de promoción de  pruebas, fue desestimada por la fiscal Fatou Bensouda en una cuartilla, sin ningún tipo de motivación”, dice Márquez.

Actualmente, la fiscal está denunciada por el retraso injustificado en la iniciación de investigación.

— ¿Qué alegatos presenta la fiscal?

— La desestimó con tres argumentos, que en Derecho se llaman errores inexcusables: primero, que la Corte entró en vigencia en el año 2012, pero la denuncia es del 2014 y 2015,  la temporalidad es posterior al 2012; segundo, que debía haber hecho la denuncia en  Venezuela, y nosotros ya la habíamos hecho; y tercero, que debería  definir si eran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio.  Aquí no hubo crímenes de guerra, porque no hubo guerra; tampoco genocidio. Yo denuncié crímenes de lesa humanidad, específicamente torturas, asesinatos, violencia sexual, deportaciones forzosas.

— ¿Ella sigue en el cargo?

— Impulsamos la denuncia en la Corte Penal Internacional en La Haya contra la fiscal Fatou Bensouda, porque ella debe inhibirse de conocer el caso, primero porque está denunciada y, segundo, ella ya se pronunció. Violó el debido proceso y cometió dilaciones indebidas y arbitrarias, vulnerando también los plazos razonables para decidir estos casos, que son de suma gravedad.

Tercer paso/ Enero 2016: Denuncia en la Fiscalía de Colombia, porque en el caso de las deportaciones es un delito binacional.

“La respuesta de la Fiscalía  de Colombia, primero fue enviar nuestra denuncia al gobierno de Nicolás Maduro, a Caracas, para que se investigara, por un acuerdo de cooperación judicial; yo consideré eso como una delación ante la Fiscalía colombiana, al enviar la denuncia que estaban obligados a procesarla”.

“Nosotros intentamos un amparo constitucional, un recurso de tutela, y eso fue a la Corte Suprema de Colombia, sala Penal, pero allá consideraron que Maduro no se podía procesar por ser un presidente en ejercicio, tener  inmunidad de jefe de Estado, pero cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no se tienen privilegios y ambos presidentes  firmaron  este estatuto, por lo tanto es ley de la república, en ambos países”.


A reforzar la denuncia

El trabajo en busca de justicia no cesa, La denuncia será replanteada ante la Corte Penal y Walter Márquez, a mediados de septiembre próximo, dará el paso.

“Anexamos más pruebas contundentes e irrefutables. Las había, pero estamos replanteando todas las pruebas”, dice al mencionar algunas de estas: un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que estuvo en el sitio en septiembre de 2015;  otro informe de la Oficina de las Naciones Unidades para la ayuda humanitaria, que también intervino allí; una referencia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en Colombia – similar a Protección Civil en Venezuela-; informes de Luis Almagro como secretario de la OEA, quien estuvo en el sitio. Todo ciertamente probado. Además, la sentencia de la Corte Constitucional colombiana y el análisis del decreto de estado de excepción  del presidente Juan Manuel Santos, como respuesta al estado de excepción de Venezuela, donde la Corte colombiana consideró que todos estos  hechos públicos, notorios, comunicacionales, no había que probarlos, pero a su vez el Gobierno colombiano los probó con bastante información”.

EL DATO

Una denuncia de 165 páginas, 135 leds de fuentes documentales y 12 de promoción de investigación, de promoción de  pruebas, fue desestimada por la fiscal Fatou Bensouda,      en una cuartilla, sin ningún tipo de motivación”, dice Márquez.

Destrucción de los pasos binacionales

Márquez recuerda que antes denunciaron la destrucción de los puentes en la cuenca del río Táchira, jurisdicción del municipio Rafael Urdaneta, en las comunidades de Delicias, Betania, Villa Páez, Tabor, los cuales comunican con las poblaciones de Herrán y Ragonvalia, del lado colombiano.

“Al destruir el puente del lado venezolano  se destruyó el puente colombiano, afectando por ende  al lado colombiano. Por lo tanto es un delito binacional, como sucedió con las  deportaciones forzosas, que se ordenaron en Venezuela pero se materializan al cruzar a Colombia”.