Corte Internacional de Justicia examinará el destino del archipiélago de Chagos

526
Cortesía / Residentes de la isla de Diego Garcia, en el archipiélago de Chagos, Océano Índico, reciben en 1971 la noticia de que serán deportados

Un tribunal internacional examina desde este lunes la situación del archipiélago de Chagos, controlado por Gran Bretaña y donde se encuentra una importante base militar conjunta británico-estadounidense, pero que es reclamado por Mauricio.

En un percance diplomático para Gran Bretaña el año pasado, las Naciones Unidas adoptaron una resolución presentada por Mauricio y apoyada por países africanos, pidiendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un dictamen sobre el destino de las islas.

La semana próxima, durante cuatro días, la CIJ, con sede en La Haya, escuchará argumentos presentados por 22 países, entre los que están Mauricio y Gran Bretaña. La Unión Africana también presentará sus argumentos al respecto.

La CIJ emitirá su dictamen final sobre el tema, pero su decisión no compromete a las partes.

– Separación “desleal”

Las discusiones se centrarán en torno a las consecuencias de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio por parte de Gran Bretaña en 1965.

Mauricio declaró la independencia en 1968 y argumenta que Gran Bretaña actuó ilegalmente al desmembrar el territorio cuando se encontraba bajo dominio colonial.

A medida que se intensificaba la Guerra Fría con la ex Unión Soviética, Gran Bretaña estableció una base militar conjunta con Estados Unidos en Diego García, la mayor de las islas.

Mauricio dice que Gran Bretaña “desmembró de manera desleal” su territorio al declarar el archipiélago de Chagos “Territorio británico del océano índico”, reduciendo de esa forma el tamaño de Mauricio.

A comienzos de los años 70 Gran Bretaña reinstaló a los 2.000 residentes del archipiélago en Mauricio y las islas Seychelles para abrir espacio a la base militar.

Creada en 1946, la CIJ legisla sobre las disputas territoriales entre países, pero también puede dar opiniones no vinculantes a instancias de Naciones Unidas como la Asamblea General.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres pidió a los 15 jueces de la CIJ dictaminar “si el proceso de descolonización fue concluido legalmente” tras la separación del archipiélago de Chagos.

Guterres también pidió a la Corte dictaminar sobre las consecuencias de que Gran Bretaña siga administrando las islas, incluyendo la imposibilidad de Mauricio de enviar a los habitantes originarios de Chagos, que ahora son 10.000, a los lugares de donde fueron expulsados.

– “Fuerte defensa”

La petición de Guterres ocurrió luego de que una votación en junio de la Asamblea general de Naciones Unidas sobre el envío del asunto a la CIJ obtuvo 95 votos a favor y 15 en contra. Hubo 65 abstenciones, en su mayoría de países europeos, entre ellos Italia, Francia y España.

El voto fue considerado como una forma de evaluar la capacidad británica para obtener apoyo de sus socios europeos, un año después de que votaran a favor de salirse de la Unión Europea.

“Parece que hay una hemorragia de apoyos de la UE”, afirmó el principal abogado de Mauricio, Philippe Sands.

“Tal vez si la votación hubiera sido antes del Brexit, la situación habría sido diferente”, dijo a la AFP.

Gran Bretaña afirmó, sin embargo, que hará una “fuerte defensa” de su posición.

– Base estratégica
Diego García, la más conocida isla del archipiélago, ha desempeñado un papel estratégico en operaciones militares estadounidenses.

En los años 1970, desempeñaba un papel por su cercanía estratégica con Asia cuando ocurría se produjo la caída de Saigón, así como la toma del poder por parte de los Jemeres Rojos en Camboya, y el aumento de la influencia de la marina soviética en el Océano Índico.

En años recientes ha servido como punto clave para las campañas de bombardeos en Afganistán e Irak.

“La independencia de Mauricio será incompleta mientras las islas de Chagos no regresen”, afirmó el Primer ministro Pravind Jugnauth.

Sin embargo, Jugnauth está de acuerdo en que Mauricio “reconoce la existencia de la base y acepta que siga funcionando de acuerdo con la ley internacional”.

AFP