El 02 de agosto de 2019 trascendió en los medios de comunicación y grupos de mensajería instantáneas un acuerdo del Consejo Nacional de Universidades para solicitar una investigación penal contra las autoridades de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, conforme a la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.864 del 31 de julio de 2019.

La información generó un clima de zozobra en la comunidad universitaria, en parte, por la dudosa procedencia de la mencionada Gaceta Oficial la cual no estuvo colgada en el portal del Tribunal Supremo de Justicia sino hasta el viernes 9 de agosto.

Las autoridades universitarias manifestaron de inmediato desconocer la existencia del acuerdo del 30 de mayo de 2019 (No. 0048) del Consejo Nacional de Universidades y la referida Gaceta No. 41.684, del cual forman parte activa en las sesiones.

La coalición de Cátedras y Centros Universitarios de Derechos Humanos expresaron desde la misma tarde del 31 de julio total asombro ante esta solicitud que no había replicada ni reproducida por ningún medio del Estado, incluido los números portales web de los ministerios involucrados, ni sus respectivas cuentas en redes sociales.

La organización especializada en el monitoreo de los derechos humanos en el ámbito universitario, Aula Abierta Venezuela, promovió un comunicado de respaldo a los rectores y para exigir el cese de la opacidad informativa en este apartado.

El acuerdo, según lo describe la Gaceta Oficial N° 41.864, fue producto de una supuesta sesión virtual del 30 de mayo de 2019 que las autoridades de la AVERU denuncian nunca se celebró, donde el Consejo Nacional de Universidades (adscrito al Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria) solicita al Ministerio Público: “el inicio de una investigación penal en contra de los Rectores de las Universidades Nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), con motivo de pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y Constitucional del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como por el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el orden constitucional y los Poderes legalmente Constituidos”.

Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, consultado por el Observatorio Nacional de Fake News, abordó este tema señalando que el mismo configura un ataque directo a la libertad académica, la autonomía universitaria y demás derechos de la comunidad universitaria.

“Jurídicamente llama la atención, el momento en que fue dictada la resolución de Consejo Nacional de Universidades y en el momento en que es publicada, casi un par de meses después que es publicada en Gaceta Oficial. No se tuvo la certeza, en principio, de si era una información veraz o no. Pasaron dos días para corroborar esta resolución. Eso por supuesto genera un clima de incertidumbre y una muestra de la opacidad con la que se maneja la información. Que puede ser una opacidad deliberada o una mera ineficiencia estatal; yo tiendo a pensar que es una mera ineficiencia. Sin embargo, siendo ineficiencia u opacidad deliberadamente lo cierto es que genera incertidumbre en la comunidad. En este caso, en los investigados o en las personas a las que se intenta investigar por la presunta comisión de hecho punible, y genera incertidumbre en toda la comunidad. Yo creo que cualquier clase de declaración que hayan hecho los rectores no puede revestir carácter penal porque está amparada en el marco del derecho a la libertad de expresión”.

“Cualquier encausamiento o procesamiento de alguna de estas figuras universitarias no solamente es un ataque individual en contra de ellas, violentando el derecho a la libertad de expresión y, por supuesto, al debido proceso, sino que es un ataque contra toda la comunidad universitaria, porque de alguna manera esto generaría una intervención en la universidad nacional o privada que se trate”, advierte Trujillo, profesor de derecho constitucional en la Ucab.

La opacidad reina en la función pública

En el caso que nos ocupa (Solicitud de investigación penal contra Averu) queda reflejado el resultado del quiebre institucional venezolano es que ha generado una distorsión absoluta de la función pública, donde el Estado se ha reducido solo a lo necesario para mantenerse en el poder con una progresiva policialización y militarización para hostigar al ciudadano o instituciones autónomas que lo adverse o reclame frente a la falta de cumplimiento de sus obligaciones.

Ante esto, el clima de desinformación se eleva a niveles insospechados a tal punto que la ciudadanía debe convivir entre la verdad y la mentira, la veracidad de las informaciones y el amañamiento del flujo informativo por parte de sectores gubernamentales.

Lo que bien podría ser una tarea de rutina (chequear la Gaceta Oficial) se convirtió en el caso de la N 46.864 en una búsqueda inquietante en terreno pantanoso: El 5 de agosto de 2019 miembros el equipo de investigación de Aula Abierta se dirigieron ante el órgano competente para la publicación certificada de las Gacetas Oficiales en Venezuela, denominado el Servicio Autónomo de Imprenta Nacional y Gaceta Oficial –SAINGO- (Otros portales oficiales como el del Tribunal Supremo de Justicia cumplen una función complementaria/residual en la materia).

En la referida visita, los funcionarios de atención al público confirmaron la existencia y publicación de la Gaceta Oficial No. 41.684, refiriendo su consulta al portal web “http://www.imprentanacional.gob.ve/” ante la imposibilidad de expedir una copia física de la misma.

Al menos hasta el 05 de agosto de 2019 la consulta al referido portal web estatal no pudo ser realizada debido a que esta fuera de funcionamiento, confirmando que el acceso a la información pública y la seguridad jurídica son derechos constantemente violentados en Venezuela producto de la falta de institucionalidad democrática y ausencia de Estado de Derecho.

En medio de este trámite, otros portales especializados en la difusión de instrumentos normativos como por ejemplo la Organización Jurisprudencia de Trabajo “Juris Line”, sí tuvieron acceso a la gaceta referida.

Representantes del portal especializado “Pandectas Digital” el 03 de agosto de 2019 ratificó igualmente la autenticidad de la G.O No. 41.864 e informaron haberla recibido a través de un canal alternativo como usuario regulares del SAINGO. (Disponible en: https://mega.nz/#F!pih2kLwA!vpAzl9eoY93z5UK5Vwx8rA).

Este caso nos demuestra que la tarea de la verificación de las noticias falsas es exigente, existen formas diversas y sofisticadas del engaño que vuelven difícil detectar la desinformación: titulares sensacionalistas que no se corresponden con sus contenidos, información inventada es mezclada con hechos constatables pero sacados de contexto, imágenes recicladas son transformadas a diario (Pistas para chequear. Cómo hacer periodismo de verificación de datos. 2019).

Si bien la Gaceta Oficial N° 41.864, que contiene el Acuerdo del Consejo Nacional de Universidades contra los rectores agrupados en Averu, resultó ser cierta, se recomienda a la ciudadanía recurrir a fuentes alternas confiables como en efecto lo son las organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema.

Las noticias falsas se extienden mucho más rápido que las verdaderas, siendo los humanos y no los bots, los principales responsables de la difusión de una información engañosa. Siempre debemos comprobar el contenido de la noticia, verificar si los hechos narrados contienen datos precisos o ambigüedades. En este caso, las autoridades desconocían el acuerdo que suscitó la alarma, por lo que era prudente no replicar ni reproducir el contenido hasta tener completa seguridad del documento y de sus repercusiones legales e institucionales.

Desde década del 2000 existe una política restrictiva contra la libertad académica y la autonomía universitaria, la cual se evidencia en diversos planos:

Uno de ellos es el plano normativo-institucional, a través de la creación de un sistema normativo interventor y sistema paralelo de gobierno universitario que implica la toma de decisiones inconsultas, de carácter autoritario, y con muy escasa posibilidad de corroboración en las instancias oficiales, estimulando la desinformación y propagando una inestabilidad general en la comunidad universitaria.

Origen de la amenaza

Durante el mes de febrero de 2019, distintas universidades decidieron participar en la discusión pública sobre la crisis política que atraviesa Venezuela y reconocieron, a través de sus Consejos Universitarios y en ejercicio de su autonomía universitaria de carácter constitucional, la Presidencia Interina de la República por parte del Presidente del Parlamento venezolano.

El 15 de marzo de 2019 la AVERU en un comunicado público denunció:  “(…) la ilegal pretensión del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), de condicionar la liberación de los fondos destinados al pago de los gastos de personal (activo, jubilado y pensionado) correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2019, a la expedición de una certificación de mera relación que emane de la máxima autoridad de las Casas de Estudios que representamos, en la que se haga contar un reconocimiento expreso al Sr. Nicolás Maduro como Presidente constitucional de Venezuela. (…)”, rehusándose las principales casas de estudios a cumplir este condicionamiento arbitrario que pretendía burlar las decisiones de los Consejos Universitarios como máximos exponentes de la autonomía universitaria y violentar el artículo 13 de la Ley de Universidades vigente (1970), el cual establece la obligación del Estado de asignar al menos 1 1/2 por ciento del total de rentas del presupuesto anual de la Nación sin consagrar posibilidad alguna de someter a condición la liquidación de estos fondos.

A modo de represalia por los pronunciamientos anteriores, en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.864 del 31 de julio de 2019 se hizo público, de manera irregular y dejando mucha dudas, un acuerdo del CNU contra las autoridades de la AVERU.

Recomendaciones:

A.- En los casos de informaciones de dudosa procedencia o cuando las mismas no susciten garantía de veracidad, deben consultarse equipos especializados en el área, por ejemplo, organizaciones que trabajan el tema de la libertad académica y que reconocemos en ella un trabajo constante y serio. Seguramente, estas instituciones de la sociedad civil dispondrán de equipos técnicos e investigadores para la corroboración de datos sensibles

Resulta muy útil en un contexto de opacidad de las fuentes públicas, recurrir a fuentes que incluyen organizaciones nacionales respetadas y centros de estudios académicos respetados en su campo.

B.- Consultar portales web que publican las Gacetas Oficiales con regularidad y pulcritud:

http://www.juris-line.com.ve

https://pandectasdigital.blogspot.com

C.- Recomendable insistir hasta la publicación de la Gaceta Oficial en el portal del Tribunal Supremo de Justicia:

http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial

D.-A los medios de comunicación y periodistas se les sugiere contar con un listado de individuos expertos en varios campos cuya experticia ayude a poner en contexto las cifras o los datos que procuramos verificar. En el caso de la G.O 41.864, fue muy importante tener a la mano a los miembros de los equipos jurídicos de las universidades, representantes gremiales y académicos cercanos a los rectores.

E.- Por último, en correspondencia con los exhortos de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Observatorio Nacional Fake News aboga por promover políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y la toma de decisiones sobre políticas públicas.

Oscar Murillo / Observatorio Venezolano de Fake News

 

 

 

 

 

 

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