martes 18 mayo, 2021
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Pasión por el Táchira …¿Y los cambios pa’ cuando?

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Julieta Cantos


El tema de los dos artículos anteriores, y la investigación que se llevó a cabo para poder realizarlos, me confirman la necesidad del fortalecimiento de las organizaciones populares, si realmente queremos que se fortalezca la institucionalidad democrática a través del trabajo mancomunado con los organismos correspondientes, según la problemática y los sectores afectados.

Eso lleva necesariamente a que esas organizaciones de base popular -que ejercen la mayoría de ellas a través de la figura de los consejos comunales-, tengan muy claro que deben realizar un diagnóstico de su comunidad; incluso aquellas que lo tengan deben actualizarlo permanentemente. La vida se transforma todos los días, y las situaciones externas a nosotros producen modificaciones en las conductas y en la problemática de cada sector. La pandemia es una muestra de ello. Modificó no solo nuestra forma de interrelacionarnos, sino también el cómo generar los ingresos necesarios para el sustento básico, de allí la necesidad de la actualización permanente, que significa la adecuación de objetivos y metas. Estos diagnósticos deben conllevar la jerarquización de problemas y, finalmente, propuestas que se concreten en planes de desarrollo para cada comunidad. Hoy, más que nunca, es necesaria la organización, formación, planificación, dirección y ejecución de proyectos, con una visión política comunitaria e inclusiva, en donde estén presentes todas las visiones, porque siempre, cuando se actúa, se afecta de una manera u otra a las personas. En estos momentos se supone que existe un mayor respaldo a estas organizaciones. Están presentes en nuestra Constitución, tienen una ley específicamente para su funcionamiento, y la ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales dictó la resolución MPPCMS 005-2020, de fecha 30/01/2020, que fue publicada en Gaceta Oficial, en donde por adecuación y actualización de su sistema de registro, a fin de racionalizar y optimizar su funcionamiento y mejorar su eficiencia y pertinencia, extendió el período de vigencia de los actuales miembros de las vocerías de todas las instancias de los consejos comunales, hasta febrero de 2022. Aspiramos a que esas vocerías, que venían actuando en sus comunidades y que la pandemia les limito esas actuaciones, aprovechen la experiencia adquirida y maximicen su ejercicio en el tiempo que les queda.

Lo cierto es que mi experiencia como planificadora me dice que si no hay seguimiento y ajustes en las programaciones, muchas veces los proyectos se quedan congelados, olvidados o desactualizados.

Una de las cosas que más ha evidenciado la pandemia, es que independientemente de ella, y quizás hasta por causa de ella, la generación de basura no solo se mantiene, sino que se incrementa…sin embargo, nuestros sistemas de recolección y disposición final, ni se han mejorado ni se han transformado. Esto me preocupa realmente porque, desde el punto de vista de la salubridad, nos afecta a todos directamente, individual y colectivamente, y pareciera que no terminamos de asumir conscientemente la responsabilidad de cada uno de nosotros.

Por supuesto, reflexionando sobre el tema, recordé un diagnóstico hecho sobre este problema, por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, realizado en octubre de 1978. Desde esa fecha, las conclusiones más importantes eran que a nivel de ninguno de los centros poblados estudiados -los cuales incluían a San Cristóbal, y aquellos otros que conformarían a futuro el Área Metropolitana de San Cristóbal- tenían un servicio que funcionara eficientemente. Los sitios utilizados para la disposición final de desechos y otros residuos sólidos presentaban problemas de contaminación del suelo, aire y agua. Los grandes centros urbanos, como San Cristóbal, presentaban severos problemas de carácter técnico y administrativo, y la disposición final se realizaba en el relleno sanitario, de San Josecito. Siendo como todos sabemos que San Josecito realmente no ha sido manejado como relleno sanitario, sino fundamentalmente como vertedero. La recomendación que daban los expertos, en ese momento, era seguir ubicando posibles sitios para futuros rellenos sanitarios, y realizar el enlace entre las diferentes alcaldías y organismos responsables para generar una solución común y más eficiente, administrativa y técnicamente. La situación, al día de hoy…no ha cambiado mucho, por no decir nada.

Lo cierto es que en ese momento ni siquiera se planteaban la posibilidad del reciclaje y la reutilización de los desechos, mucho menos la reducción del consumo, porque simplemente no estaban presentes en el panorama, ni nacional ni mundial. Las 3R –reducir, reciclar, reutilizar- se vienen implementando a nivel global desde hace aproximadamente, 16 años. En Venezuela, a través de iniciativas privadas y de organizaciones sin fines de lucro, se viene actuando hace unos 10 años, pero no es algo que se haya sistematizado ni que esté incorporado como ley en nuestras ordenanzas municipales. Creo que este sería un buen momento para que los consejos comunales se organicen en torno a este problema, que además puede generar ingresos y reducir costos, pero sobre todo puede garantizar un mejor vivir, más ecológico, más sustentable, más saludable. Para ello, necesariamente deberán implementar talleres de inducción para desarrollar consciencia y formar para la ejecución de esas políticas.

Este sería un interesante proyecto que podría enlazar a todas las organizaciones de base, a nivel del municipio, con propuestas concretas y soluciones posibles.

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