Transporte Público

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En Venezuela el llamado transporte público, nunca ha sido tal. Desde siempre la movilización de los pobladores en el transporte urbano, interurbano y extraurbano, se entregó en manos privadas a través de concesiones de rutas otorgadas por las alcaldías y el ministerio del ramo.

Para su organización, se constituyó y fue admitido por la CTV, un sindicato patronal que pasó a dominar en forma monopólica el servicio, lo cual con el tiempo se ha convertido en una verdadera calamidad para la ciudadanía, agravada por las prácticas insurreccionales y delictivas asumidas en los últimos años y con desbordada intensidad en los meses recientes.

Harto conocidas son las permanentes paralizaciones con cualquier excusa, la apropiación de las rutas y su manejo caprichoso, su permanente negativa al mejoramiento de las condiciones del servicio, su abierta participación en las “guarimbas”, el contrabando de combustibles y planes desestabilizadores, así como su permanente actitud de chantaje y coacción a la ciudadanía y las autoridades. La crisis, según el criterio hipocrático, es el momento propicio para aplicar los procedimientos médicos que conduzcan a superar la enfermedad y asegurar una salud estable, o de empeoramiento y muerte del paciente.

De manera que parece esta la mejor circunstancia para tomar decisiones y atisbar procesos que hagan posibles las urgentes soluciones. Es la hora de transformar la concepción, el sentido y el funcionamiento del llamado transporte público que no alcanza estadios más allá de una prestación colectiva, para convertirlo en un servicio moderno, conforme a los requerimientos actuales de eficiencia y que responda efectivamente a las necesidades de servicio, atención y respeto a la condición ciudadana.

Varias experiencias se han visto en el país, San Cristóbal y el Táchira, cuya trayectoria merece estudiarse como aporte al hallazgo de soluciones pertinentes y estables. Pienso que el tema del transporte público, dada su importancia y trascendencia, debería ser objeto de una consulta muy amplia en cada estado y municipio del país, promovida por las instituciones y protagónicamente por las organizaciones del poder popular. Consulta esta que debe abordar el fondo del asunto y entregar resultados en lapsos perentorios, evitando diluir el tiempo en maniobras distractoras para posponer las decisiones a que haya lugar.

La participación protagónica de la ciudadanía es vital. Es ella la que ha soportado toda clase de maltratos, afrentas e incomodidades, pero que igualmente, tiene el más absoluto derecho a exigir y procurar un verdadero servicio de transporte. Ahora bien, ante la negligencia y carencia de voluntad política de la alcaldía para remediar esta calamidad, la iniciativa corresponde a la ciudadanía y claro está, al Ministerio de Transporte.

A mi parecer el proceso debería iniciarse con la declaración del estado de contingencia del transporte regional y proceder a la amplia consulta antes mencionada, en la que deben aflorar las más diversas propuestas de las cuales extraer los elementos para la gestación del nuevo servicio.

Por los momentos creo que se debería:

1) declarar el estado de emergencia del transporte colectivo;
2) decretar la cesación de las concesiones y las rutas abandonadas por los concesionarios, así como su revisión total;
3) diseño de nuevas rutas acordes con los actuales paradigmas de movilidad ciudadana y las condiciones específicas de topografía y plano de las ciudades. En el caso específico de San Cristóbal podría diseñarse un sistema con doble funcionamiento: un primer sistema con mayor capacidad de servicio que recorra la ciudad en sentido sur-norte y viceversa y otro, secundario o alimentador del principal, que cubra las rutas en sentido occidente-oriente y viceversa;
4) aprovechar los resultados del Censo Nacional de Transporte realizado por el ministerio del ramo, para establecer la situación real del parque automotor regional;
5) incorporar al sistema a las líneas y los transportistas pertenecientes al sindicato, si así lo desean, participando como socios del nuevo modelo; 5) adelantar un plan de formación y reivindicación de los conductores;

y 6) diseñar y ejecutar un nuevo plan de movilidad y transporte para San Cristóbal y las poblaciones que conforman su área metropolitana con la condición básica de autosustentable. Por supuesto, durante la puesta en marcha del nuevo servicio y por un tiempo prudencial, deberá contarse con la contribución del estado en lo correspondiente a la instauración de un eficiente plan de mantenimiento y renovación del parque automotor y otros detalles.

Gustavo Villamizar D.