Política
Desacato militar en Delta Amacuro mantiene presas a 10 personas

A pesar de que un tribunal dictó sentencia absolutoria tras más de un año de retardo procesal, la Guardia Nacional se niega a liberar a ocho colombianos y dos venezolanas

“Queremos hacer una denuncia a los medios de comunicación, al pueblo en general, al Poder Judicial, a las autoridades y a la comunidad internacional de una violación flagrante de derechos humanos, gravísima, contra ocho ciudadanos colombianos y dos ciudadanas venezolanas”, sentenció el abogado Luis Acevedo, especialista en Derecho procesal penal, al exponer públicamente un caso de retardo procesal y vulneración de garantías constitucionales que mantiene a diez personas privadas de libertad a pesar de haber recibido una sentencia absolutoria.

La situación, calificada por juristas y defensores de los derechos humanos como un evidente “abuso de poder y una ruptura del ordenamiento legal”, involucra a un grupo de extranjeros y nacionales que acumulan más de un año privados de su libertad sin justificación jurídica válida, pese a que un tribunal de la jurisdicción ordinaria ordenó su liberación inmediata.

De acuerdo con la exposición detallada ofrecida por la defensa legal, el caso se remonta al año 2025 y comprende tres procedimientos distintos ejecutados en diferentes regiones del país, los cuales, de manera irregular, terminaron integrándose bajo un único expediente penal.

El primer procedimiento ocurrió el 15 de agosto de 2025 en Barrancas del Orinoco, estado Monagas, límite con el estado Delta Amacuro, donde fueron detenidos de primera intención los ciudadanos colombianos Johnny Valencilla, Edison Riascos, Warner Vásquez y Luis Valencilla. Posteriormente, en fecha 17 de agosto, fueron detenidas en Tucupita, estado Delta Amacuro, las ciudadanas venezolanas Rosanis Medina y Rosmarelis Zacarías, mediante un presunto allanamiento donde aparentemente se colectaron elementos de interés criminalístico según las actas.

Finalmente, el 19 de agosto, en Los Pijiguaguos, estado Bolívar, fueron aprehendidos los ciudadanos colombianos Angélico Montaño, John González, Byron Moreno y John Moreno.

A pesar de tratarse de actuaciones desarrolladas en fechas, circunstancias y estados geográficos completamente disímiles, el sistema de justicia amalgamó las tres detenciones en un solo proceso penal. Las investigaciones avanzaron y las personas completaron más de un año privadas de su libertad hasta que, el pasado 3 de septiembre, en una audiencia efectuada de manera telemática por el Tribunal o Juzgado Décimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas —con competencia sobre el proceso, aunque los imputados permanecían recluidos en Tucupita—, el juez de la causa declaró la absolutoria de los diez ciudadanos y ordenó su libertad plena y sin restricciones, emitiendo las respectivas boletas de excarcelación.

Gracias a la acción rápida de los familiares, quienes lograron tomar imagen de las boletas emitidas por el tribunal, se pudo constatar que el juez, tras evaluar las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, no encontró ningún elemento vinculante y corroboró que los funcionarios actuantes manifestaron en actas no haber participado en las actuaciones policiales. Esto confirmó que fueron declarados inocentes y que las investigaciones carecían de fundamentos probatorios sólidos.

Sobre este punto, el abogado Luis Acevedo destacó el papel crucial de los parientes: “Si no hubiese sido por esa acción diligente de los familiares, hoy los medios de comunicación y nosotros no contaríamos con ningún elemento probatorio para nosotros hacer este llamado ante la comunidad internacional, ante el pueblo venezolano, ante las autoridades y ante los medios de comunicación”.

Asimismo, detalló que la mayoría de los familiares residen en el departamento del Chocó y otras zonas apartadas de Colombia, mientras que algunos ubicados en las adyacencias de Tucupita han brindado el auxilio y la veeduría necesaria.

No obstante la decisión judicial, los diez ciudadanos continúan privados de libertad en el destacamento de la Guardia Nacional en Tucupita.

Ante este panorama, Acevedo denunció la negativa del componente militar de acatar el mandato de la justicia: “La Guardia Nacional manifiesta o alega que están acatando órdenes superiores. Las órdenes superiores no existen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ni en ninguna ley, ni en el Código Orgánico Procesal Penal. Las órdenes superiores no están contempladas como mandato por encima de una decisión del Poder Judicial”.

Los defensores y representantes legales califican el hecho como un extremo caso de abuso de autoridad y violación del debido proceso y de la independencia de los poderes públicos, al desconocer la autoridad de un juez de la República y una sentencia que debe cumplirse de manera inmediata y sin miramientos.

Por lo tanto, se ha lanzado un llamado urgente a la comunidad internacional, a las autoridades venezolanas, al poder judicial y al Ministerio de la Defensa para que se aboquen de manera inmediata a liberar a estas personas y a abrir una investigación por abuso de autoridad contra los funcionarios de la Guardia Nacional que se encuentran en desacato de la decisión judicial. // Maryory Bustamante