FundaRedes documenta violaciones de derechos a más de 8 mil niños con el cierre de la frontera

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Escolares de Ureña y San Antonio exigieron que les abran un canal para ir a estudiar a Cúcuta.

“Una documentación detallada de la violación a los derechos de más de 8 mil niños y adolescentes, a quienes se les impide pasar a Colombia para acudir a sus escuelas, adelanta FundaRedes, junto con la Fundación El Amparo y Proyecto 860, a fin de elevarla a diversos organismos nacionales e internacionales”.

Así lo dio a conocer Javier Tarazona, director general de FundaRedes, quien destacó la situación de los niños en los municipios Pedro María Ureña, Bolívar, Junín y Rafael Urdaneta, quienes desde hace dos semanas no pueden pasar la frontera para asistir a sus clases con regularidad, con lo cual se vulneran varios de sus derechos, casos que son considerados graves en el derecho internacional.

Explicó Tarazona que desde FundaRedes con las organizaciones aliadas, se han identificado en los últimos meses, cómo más de 8 mil niños venezolanos han tenido que ir al Norte de Santander en Colombia para poder estudiar, ante la ausencia de un sistema de alimentación escolar, la escasez de profesores, las pésimas condiciones de infraestructura en los planteles, e incluso el déficit de transporte en Venezuela, situaciones que han originado que los representantes inscriban a sus niños en el lado colombiano, para poder ofrecerles una formación de calidad.

En tal sentido, precisó el vocero que el cierre de los pasos peatonales entre Venezuela y Colombia, ha afectado a niños de toda la frontera, que no pueden ir a estudiar en las aulas, “por eso hemos emprendido,  junto a la Fundación El Amparo, Proyecto 860 y FundaRedes, con el protocolo internacional establecido, el trabajo de  documentación, uno por uno, caso a caso, de los niños que hoy están impedidos de su derecho a la educación, y al libre tránsito en territorio fronterizo”.

Aseguró Tarazona que presentarán en instancias nacionales la notificación de esta situación ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que respondan ante esta violación de los Derechos Humanos de los niños y adolescentes, así como ante tribunales del sistema de protección del niño, niña y adolescente de manera formal.

Luego de agotar los entes nacionales, se acudirán a instancias internacionalescon las denuncias correspondientes: “ya generamos contactos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que se activen los mecanismos de protección y demás acciones necesarias”.

Igualmente agregó que el trabajo se hará con los pacientes de distintas patologías “tenemos también información de miles de personas con diversas enfermedades, que necesitan cruzar la frontera para comprar un tratamiento, para cumplir una terapia, que en Venezuela no se garantiza y que ahora el mismo gobierno les cercena el derecho de ir a tratarse en el país vecino, donde se les estaba prestando una mejor atención”.