viernes 2 diciembre, 2022
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“A un año del sangriento motín en celdas de Polítáchira no han dicho dónde están los cinco internos asesinados”

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Según el denunciante, son de cinco presos y no solo de dos, los restos óseos colectados por el Cicpc el año pasado, tras el motín que se extendió por un mes en el Cuartel de Prisiones de Politáchira.

“A un año de la toma de rehenes, ayer 8 de septiembre, y del sangriento motín en el Cuartel de Prisiones de Politáchira que dejó no dos, sino cinco privados de libertad asesinados y desaparecidos, de los que se supo solo de dos, porque tenían dolientes en el estado, nadie ha explicado, nadie ha dicho qué pasó y dónde están los cadáveres de estos cinco internos. La situación ocurrida ahí en 2016 no se ha aclarado, y nuevamente este recinto está siendo objeto de nuevos conatos de motín, como el de este miércoles por la noche, motivado al supuesto maltrato, a la violación de derechos humanos y al hacinamiento al que están sometidos los presos, entre otros reclamos”.

De esta forma se pronunció el dirigente social Asdrúbal Ortiz, al recordar que este vienes, cuando se cumplió un año del motín más largo que se ha presentado en Politáchira, a su juicio, la situación que conllevó a esa revuelta que se extendió por un mes, no es ajena a la que se presenta hoy día.

“Recientemente, el viernes pasado, en una requisa realizada por el Cicpc en el Cuartel de Prisiones de Politáchira, supuestamente incautaron 16 teléfonos celulares de alta gama; una computadora ´Canaimita´; una portátil HP; un sinnúmero de chuzos, entre otros objetos prohibidos como radios portátiles, MP3, pendrives; se habla que de nuevo hay visitas de contacto en Receptoría, lo quiere decir que se sigue contribuyendo con el libertinaje en los calabozos, a pesar de todas las denuncias que se han hecho sobre este tipo de irregularidades; como por ejemplo, el embarazo de dos privadas, situación a la que nunca nadie explicó, a pesar de que hoy una de ellas, con su bebé de apenas unos 8 meses de nacida, duerme en Receptoría de Politáchira, porque la otra ya salió en libertad condicional, una medida de casa por cárcel”, agregó.

“La impunidad continúa”
Es decir –continuó- nada de esto ha sido aclarado ni por los tribunales ni por el Ministerio Público, ni por el director de la institución, no se han pronunciado sobre por qué suceden estas cosas dentro del Cuartel de Prisiones. El señor Juan Carlos Herrera, padre de uno de los cinco internos asesinados durante el motín del año pasado, denunció el año pasado que había sido víctima de una extorsión por parte de los funcionarios Escalante y Rubio, que para esa fecha eran jefes de los calabozos; le llevó un audio como evidencia al ahora exfiscal superior del Táchira, y nada de eso se investigó, no hubo respuesta–.

Añadió “que los cinco funcionarios de Politáchira que fueron privados de libertad luego de que se controló el motín del año pasado, y que los acusaron de haber facilitado la revuelta de los presos, ante los tribunales declararon, y eso está en un expediente que tiene siete cuerpos, que ellos no eran responsables de lo que los señalaban, que fueron sus superiores, los supervisores Guillén, Sulbarán, Rubio y Escalante, los que autorizaban, ordenaban permitir el ingreso de todo tipo de objetos a los calabozos, y que ellos como subalternos tenían que obedecer. A ninguno de estos cuatro señores ni siquiera los citaron ante la Fiscalía. Y el que hoy se intente nuevamente repetir la historia, uno como ciudadano piensa que lo que pasa es que desde el director Amador Torres, para abajo, son responsables de todo lo que sucede en este recinto carcelario, que de paso no es un centro de detención preventivo, ni un centro penitenciario”.

Para finalizar, Ortiz reiteró que “a pesar que la exministro María Iris Varela, en el parte dice que son dos los internos desaparecidos (Juan Carlos Herrera y Anthony Correa) las muestras de ADN que el Cicpc colectó en los calabozos y entregó a la Fiscalía que lleva la investigación, no son de ninguno de estos dos presos; nosotros sabemos por información de internos que han salido en libertad pero que fueron testigos de esa tragedia, que son cinco las víctimas o internos asesinados durante el motín de 2016. Esos tres que no han sido tomados en cuenta, que ni siquiera se conocen sus nombres, supuestamente eran ciudadanos colombianos, sin familia en Venezuela; presuntamente paracos que habían sido detenidos por distintos delitos, por eso es que nadie los reclama. Y nadie ha dicho nada, y a pesar de todo eso, un año después, el director de Politáchira no ha sido removido de sus labores, cuando por menos, un hombre con ética pondría su cargo a la orden”.

Miriam Bustos

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