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Reportajes y Especiales
Pacientes psiquiátricos viven un perturbador confinamiento sin tratamiento y desatención
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La cobertura psiquiátrica antes y durante la pandemia por COVID-19 es crítica en el estado Bolívar, especialmente en Caroní. Los pacientes emprenden la búsqueda frenética de medicinas, mientras la cotidianidad como la conocen amenaza con desintegrarse
“Mamá, mamá ¡pastilla, pastilla!”, grita Flora Puga -de 40 años- a su madre Elena Garbo* mientras se sienta en la sala de espera del consultorio de psiquiatría del Hospital Uyapar, en el estado Bolívar al sur de Venezuela, y se señala la boca. Como el grito no da resultado, saca la botella de plástico llena de agua que carga en una bolsa transparente y finge que se traga una pastilla imaginaria.
Pero vuelve a extender su mano y, con desesperación, mira a su madre y vuelve a pedirle la pastilla. “No hay, Flora. Por favor, quédate quieta hija”, le dice Elena con pena, pero se sienta a su lado, saca la bolsa transparente que tiene por pastillero, y le da una de las últimas dosis de Alprazolam que le quedan. “Esto solo no te sirve, pero con el favor de Dios, te tiene que funcionar”, le dice mientras voltea a ver el cartel pegado en la puerta del consultorio: “Se les informa a los pacientes psiquiátricos que no hay medicamentos hasta nuevo aviso”.
Sin opción, madre e hija salieron del consultorio a probar suerte en Mundo Sonrisas o en el CDI de Los Olivos en Ciudad Guayana. “Este no es un tratamiento completo para mi hija, ella tiene que tomar Alprazolam con Quetiapina. Medicamentos hay, lo que no hay es rial”, dijo mientras se marchaba.
El caso de Flora supera los trastornos avivados por la pandemia en la nación suramericana, que atraviesa una crisis humanitaria compleja. Flora fue diagnosticada a los 18 años con esquizofrenia y retardo mental. Aunque su familia es de bajos recursos, desde hace tres años conseguir su tratamiento en el sector público es como sacarse la lotería: cuando hay Carbamazepina (anticonvulsivo y estabilizador del estado de ánimo) no hay Quetiapina (antipsicótico) y, rara vez, hay Bromazepam (ansiolítico). Todos cuestan más de 10 dólares en el sector privado.
Sin tratamiento, Flora entra en crisis: se desconecta de la realidad, deja de dormir y escapa de casa. La última vez, se escapó hacia San Félix y estuvo tres días desaparecida. “Hace desastres de noche, moja mi ropa en una ponchera… yo solo le pido a Dios que le dé paz a mi hija, ahora pasa toda la noche sin dormir”, dice Elena preocupada.
Si de algo está segura, es que a sus 73 años se le hace cada vez más difícil enfrentar la enfermedad de Flora. Cuando se queda sin energía o sin efectivo para recorrer cuanto Centro de Diagnóstico Integral (CDI) hay en Puerto Ordaz, recurre a solicitar servicio público por aquí y por allá.
Rosario Arias* tampoco consiguió tratamiento para su esposo esa mañana en el consultorio. Después de convulsionar seis veces, el jubilado de CVG Ferrominera desarrolló fallas neurológicas luego de una operación de marcapasos y ahora tiene episodios de demencia.
Rosario supo que su esposo estaba empeorando justo cuando en un arrebato de ira y demencia -el único que ha tenido desde que es paciente psiquiátrico-, la agarró por el cuello pidiéndole que se callara.
De los tres medicamentos psiquiátricos que necesita su esposo, solo puede comprarle dos: Fenobarbital y Risperidona. En lugar de Somazina, que se utiliza para alteraciones de la memoria (y cuesta 20 dólares), a ella no le quedó más remedio que administrarle ginkgo biloba, medicina natural. “Provoca salir corriendo, si no fuera por él, yo ya hubiese migrado”, dice Rosario.
Los otros cinco compañeros de consulta de Flora y Rosario, también se fueron esa mañana con nada más que el récipe entre las manos.
Lo único que tiene el área de psiquiatría del Hospital Uyapar funcionando es el recurso humano. Desde hace dos años, los medicamentos que llegan para pacientes psiquiátricos son los pocos que provee el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y otros organismos multilaterales.
El surtido es intermitente porque nada puede reemplazar la responsabilidad de abastecimiento continuo que debe asumir el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que desde 2016 redujo la lista de compra de medicamentos psiquiátricos. Los donativos de las fundaciones alcanzan para apenas 20% de los pacientes que acuden al consultorio.
Cuando llegan, el personal del área trata de reservarlos para los pacientes más críticos que son quienes sufren de esquizofrenia, bipolaridad y alzhéimer. “Eso porque los depresivos todavía se pueden manejar con medicamentos que se consigan y todavía se pueden pagar. A veces llega a farmacia, pero los demás sí que son de alto costo”, explica la enfermera del servicio, Graciela Moreno*.
En los más de cinco años que tiene de servicio en psiquiatría le ha tocado aprender a no tomar para sí los problemas de sus pacientes, pues le remuerde no poder ayudarlos. Los datos aproximados que revela son demoledores: apenas 5% de los pacientes psiquiátricos que acuden a la consulta de Uyapar pueden costear sus tratamientos en el sector privado ante el desabastecimiento en el sector público.
“Y aquí, si hoy llegan los medicamentos, para la tercera semana ya no tenemos”, lamenta.
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