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Sucesos
Investigan por secuestro y extorsión a tres funcionarios de Politáchira
19 de marzo de 2019
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Por el presunto delito de secuestro breve y extorsión de una dama y a su hija de año y medio, tres funcionarios de Politáchira son investigados por el Gaes en coordinación con la Fiscalía 23 Contra la Corrupción del Ministerio Público, al ser reconocidos por las víctimas como los presuntos autores de un inaudito hecho registrado el jueves en las adyacencias del terminal de pasajeros de La Concordia.
La situación se habría originado desde el mediodía en el hotel “La Gran Frontera”, en ese sector, a donde llegó una pareja a hospedarse junto con la infante, procedentes de Ciudad Bolívar. El matrimonio venezolano-brasileño vino al Táchira a solucionar una situación referente a la venta de un vehículo que hizo en esa parte del país, que se negoció en dólares, pero que en razón de que el comprador nunca terminó de pagar, el carro fue retenido en esta entidad.
Se dijo que el esposo y padre de las víctimas, respectivamente, al parecer trabaja en el Arco Minero de Guayana, lo que posiblemente privó para que se planificara el hecho por parte de una cuarta persona, ligada al hotel –que también sería investigada- que al enterarse del oficio al que se dedicaba el hombre, posiblemente creyó que llevaba oro consigo, y alertó a los policías.
Ese mediodía, cuando la familia intentó en un momento salir del hotel, esta cuarta persona, sin ninguna razón se lo impidió hasta que arribaron los tres policías que en el acto, comenzaron a preguntar dónde tenían el oro, los llevaron a la habitación y sin ninguna orden de allanamiento, revisaron las maletas, las cuales se llevaron junto con la dama y la bebé, advirtiéndole al hombre que si no tenía oro, debía entregarles 600 dólares para dejarlas en libertad. El presunto argumento fue que no podían tener doble nacionalidad.
Desesperado por la situación y carente de dólares en efectivo, pues solo contaba con una tarjeta de débito, pese a no conocer San Cristóbal, el hombre logró llegar al Ministerio Público y notificó el hecho; de allí, formuló la denuncia ante el Gaes21-Táchira perteneciente al Conas, que coordinó una entrega controlada para capturar en flagrancia a los responsables.
Se cree que fueron otros funcionarios los que en el pasar de las horas presionaron para que sus tres compañeros liberaran a las víctimas, pues no se querían meter en problemas; y que fue por ello que ambas fueron puestas en libertad solo poco antes de que se concretara la entrega controlada, que con presencia de la Fiscal 23 Ivanna Cristancho y testigos, realizaría el Gaes.
Al llegar la comisión encubierta a la comisaría, se percató de que sólo había un funcionario que se rehusó a recibir el dinero que la víctima intentó entregarle, alegando que desconocía la razón. Pero fue este mismo policía, el que instantes después, cuando creyó estar solo, llamó por teléfono a otra persona para preguntarle qué hacía, si recibía el dinero o no, puesto que ya las víctimas estaban libres, y al parecer le indicaron que no lo recibiera, lo que evidencia que sí tenía conocimiento de la situación.
La dama y su hija fueron halladas sanas y salvas en la misma zona. Al ser interrogada, la muchacha respaldó la versión que había dado su esposo, y agregó que las mantuvieron durante más de 7 horas en una habitación, en el mismo puesto de Politáchira, en el terminal de pasajeros.
Ante esta situación, el Gaes puso en conocimiento al nuevo director de Politáchira, coronel Jesús Arteaga Simancas sobre lo que estaba ocurriendo, y en función de aclararlo, le solicitó quesuministrara la información pertinente sobre todos y cada uno de los funcionarios que en el lapso en que se registraron los hechos, estuvieron de servicio en ese punto policial.
De inmediato, los militares recibieron toda la colaboración del jefe policial,el cual no solo se presentó en el lugar sino que brindó las órdenes de servicio y facilitó las entrevistas que fueran necesarias hacerle a su personal, a la vez que garantizó el apoyo incondicional a la investigación y rechazó contundentemente que acciones de esta naturaleza se estuvieran dando en la institución.
Esto permitió que entre los varios efectivos que presentaron ante las víctimas, tres fueran plenamente identificados como los presuntos responsables. Éstos habrían alegado inocencia, que sencillamente le permitieron a la dama y a su hija quedarse en el puesto hasta que el esposo consiguiera un hotel donde hospedarse, pero que ella decidió retirarse a la 1:30 pm, lo cual fue desmentido, incluso por otros funcionarios que aseguraron haberlas visto en la habitación a las 4:30 pm.
Es por ello que la Fiscalía 23 ordenó abrir una investigación penal ordinaria al Supervisor Agregado J. Fandiño, y a los oficiales: J. Rincón y J. Naranjo, por los presuntos delitos de secuestro breve, extorsión y concusión, para lo cual retuvieron sus teléfonos celulares y también, el equipo DVR del hotel en referencia, donde habría quedado grababa la irrupción de los uniformados en el establecimiento.
Miriam Bustos
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